Desde cualquier punto de vista, la determinación para abrir de inmediato una oficina del Ejecutivo y una subsede del DIF estatal en Cuautla, sumada a la toma del mando de seguridad en la ciudad por parte del gobierno estatal, son muestra de que el gobierno del estado no abandonará a su suerte a los cuautlenses. Pero también debe reconocerse que las determinaciones evidencian el grado de inoperancia del ayuntamiento de la Heroica, hace mucho tiempo rebasado por los problemas que permitió crecer durante por lo menos los últimos seis años.
La gobernadora, Margarita González Saravia, advirtió que su administración está en Cuautla “para ayudar, proteger y acompañar al pueblo… La ciudadanía no está sola”, dijo en una declaración bien calculada que mostró la realidad contundente: el ayuntamiento abandonó a las y los cuautlenses a su suerte.
Los posibles vínculos de funcionarios municipales, pero también de parte de la clase política de Cuautla con grupos delictivos; la incapacidad para restaurar el orden y la paz en la ciudad demostrada por los cuatro últimos ayuntamientos, dos de ellos encabezados por el actual alcalde Jesús Corona Damián, uno por Raúl Tadeo Nava y otro por Rodrigo Arredondo López; y la ola de violencia y crimen que ha afectado a toda la población; permitieron que la autoridad municipal se disolviera prácticamente.
Ese desvanecimiento del gobierno municipal permitió la multiplicación de todos los males. De ser el centro comercial y económico de la región oriente, Cuautla se convirtió también en el núcleo de la actividad delictiva en la zona. Los cuautlenses, gente pacífica, trabajadora, formada en la cultura del esfuerzo, pero mucho más en su tradición histórica y cultural, han sufrido como casi ningún otro municipio a las autoridades que eligieron más por la falta de alternativas que por voluntad ciudadana pura.
Y si bien es cierto que lo más urgente es devolver la paz y los estadios mínimos de bienestar a los cuautlenses; también debe reconocerse que la corrupción del funcionariado municipal probablemente sometido por su propia voluntad a los grupos delictivos debe ser castigada.
Porque la presencia del gobierno del estado en el municipio debe considerarse emergente y no como una violación de la autonomía municipal, ni un relevo permanente de la autoridad local. Y para que ello ocurra debe darse en paralelo la restauración de la política y la administración pública en la heroica para lo que no faltan cuadros, pero han sido marginados desde hace mucho por los grupos políticos que se apoderaron de la alcaldía.
No solamente se trata de depurar la política cuautlense, sino también de castigar ejemplarmente a quienes permitieron que uno de los municipios más importantes en población, tradición, y actividad económica del estado se haya convertido en un espacio sometido por el crimen, donde el desarrollo se detuvo y las oportunidades prácticamente desaparecieron. La impunidad es una condición suficiente para que la corrupción se repita como ha quedado profusamente demostrado en la historia reciente de Morelos.
Sin restaurar la gobernabilidad en el municipio, las acciones del gobierno de Morelos en Cuautla correrán siempre el peligro de no ser correctivos, sino eternas suplencias.