En Morelos, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrecen un panorama contrastante. Por una parte, reflejan una disminución importante en los niveles de pobreza entre 2018 y 2024; por otra, exhiben rezagos persistentes y carencias sociales que siguen colocando al estado entre los más pobres del país. Los avances son innegables, pero insuficientes frente al tamaño de la deuda social, como se puede leer en la nota que publicamos en la página 7.
Si bien, entre 2020 y 2024 el porcentaje de población en situación de pobreza pasó de 50.9% a 35.2%, lo que significa que casi 200 mil personas salieron de esa condición. En su artículo «¿Qué nos dicen los indicadores de la pobreza en Morelos?», Héctor Hernández Bringas subraya que, si se compara con el inicio del sexenio de la llamada Cuarta Transformación, en 2018, la reducción fue de 48.5% a 35.4%, lo que equivale a 256 mil personas menos en pobreza. Un logro histórico, sin precedentes en décadas, que merece reconocimiento.
Sin embargo, cuando se contrastan los porcentajes con la realidad cotidiana, el panorama no resulta alentador. Más de 697 mil personas siguen siendo pobres en Morelos, y más de 814 mil perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Esta cifra coloca al estado en la novena posición entre los más pobres del país, apenas por debajo de entidades como Guerrero, Oaxaca o Veracruz.
Las carencias estructurales son todavía más graves. Según los datos obtenidos por La Jornada Morelos, más de 342 mil morelenses enfrentan rezago educativo; 867 mil 600 no tienen acceso a los servicios de salud; un millón 78 mil carecen de seguridad social; y 332 mil 400 no pueden garantizarse una alimentación nutritiva. En términos de vivienda, 250 mil 800 habitan sin servicios básicos y 158 mil en condiciones de hacinamiento o baja calidad.
El deterioro en el acceso a la salud es especialmente alarmante. Hernández Bringas apunta que, mientras en 2018 solo el 16.8% de la población carecía de este derecho, para 2024 la cifra alcanza ya el 44%. Es decir, casi la mitad de los morelenses no cuenta con servicios médicos garantizados. En el mismo sentido, aunque se registró una mejora del 14% en seguridad social, más de la mitad de la población —54%— sigue sin contar con cobertura.
Estos contrastes revelan que el factor decisivo en la reducción de la pobreza ha sido el incremento de los ingresos monetarios, gracias al aumento del salario mínimo y a las transferencias directas a través de los programas sociales. Es decir, la gente tiene más dinero en el bolsillo, pero eso no se traduce en un acceso real y suficiente a derechos fundamentales como educación, salud, vivienda o seguridad social.
El resultado es una población menos pobre en términos estadísticos, pero más vulnerable en términos sociales. Hernández Bringas señala que incluso aumentó en 15% la población vulnerable por carencias sociales: personas que dejaron atrás la pobreza por ingreso, pero que siguen sin poder satisfacer necesidades básicas. Esta vulnerabilidad hace frágil cualquier avance, pues basta una crisis económica o de salud para que miles regresen a la condición de pobreza.
El desafío que enfrenta Morelos, entonces, no es menor. Mantener los avances logrados en materia de ingreso y al mismo tiempo revertir el deterioro en salud, seguridad social, educación y vivienda requiere distribuir el presupuesto con inteligencia y atender de manera prioritaria las carencias más urgentes. La entidad ya no puede permitirse ignorar el lastre de la corrupción y la fuga de capitales públicos que esta representa: cada peso desviado es un peso menos para el desarrollo y para combatir la pobreza estructural. Sin un cambio profundo en la forma de administrar los recursos, el riesgo es claro: los avances logrados se quedarán en cifras, sin transformar la vida de la gente.
