Mal entendidas, las políticas de austeridad que emprendieron algunas administraciones resultaban una suerte de puntilla al ya de por sí comprometido desarrollo de los estados y el país. La racionalidad en el gasto se confundía con una especie de tacañería que llevó a una contracción económica derivada de la falta de inversión pública y el privilegio al gasto corriente. Estas condiciones si bien permitieron reordenar el gasto en muchos capítulos donde se presentaban graves fugas de recursos, en el mejor de los casos resultaban en una suerte de administración de un presente sin sobresaltos en el corto plazo, que generó crisis diversas y contrajo la economía a grados prácticamente insostenibles.
En el caso de Morelos, la supuesta austeridad en el gasto público en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo redujo la inversión en obra pública local y el gasto en mantenimiento de infraestructura de todos los sectores. Por sí misma, esta política que más que de austeridad podría considerarse de avaricia o corriente tacañería, habría sido suficiente para frenar el crecimiento, permitir el deterioro de los bienes y servicios públicos y llevar a la quiebra a decenas de empresas locales dedicadas a la construcción, el mantenimiento y la proveeduría a las instituciones públicas. Mucho peor fue el resultado dado que a ello se sumaron los círculos de corrupción que han sido evidenciados por revisiones parciales de la Auditoría Superior de la Federación y costaron miles de millones de pesos a los morelenses.
Aún con sus múltiples áreas de oportunidad, que deberán ser analizadas por los expertos en economía y finanzas públicas en los próximos meses, los dos proyectos de presupuesto (2025 y 2026) que ha sometido la administración de Margarita González Saravia a consideración del Congreso de Morelos, han logrado su aprobación unánime porque parecen entender el concepto de austeridad mucho mejor que sus antecesores; y no comprometen las posibilidades de desarrollo económico y social del estado gracias al aumento en el gasto de inversión y la progresiva reducción de la proporción de gasto corriente.
La propuesta de inversión en el proyecto de la gobernadora incluye como proyectos prioritarios obras de infraestructura carretera, caminos de saca, el circuito vial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el programa de recuperación y aprovechamiento de agua, la mayoría de ellos para ser asignados a empresas locales de construcción. Además, se gestionará con el gobierno federal los recursos iniciales para el Centro de Convenciones de Cuernavaca.
Cada uno de los proyectos tendrá beneficios económicos al activar a la industria de la construcción, uno de los motores fundamentales de la economía; pero también al fomentar el turismo, reducir los costos, favorecer la seguridad pública (y con ello reducir las pérdidas asociadas con el impacto de la criminalidad), entre otros beneficios que en el corto y mediano plazos fortalecerán la producción y con ello la generación de riqueza en Morelos.
Adicionalmente, se plantean programas sociales que permiten, mediante la dotación de herramientas para el desarrollo personal, reducir los índices de pobreza y marginación al tiempo de potenciar la mejora de las comunidades que han estado históricamente abandonadas.
Después de varias décadas con programas de apoyo económico directo funcionando en el país y otras partes del mundo, parece seguro decir que, con el manejo adecuado, se trata de una herramienta para el fortalecimiento económico al permitir el flujo de circulante, promover el empoderamiento y en muchas ocasiones los emprendimientos locales y fortalecer a las comunidades. La apuesta de programas sociales en Morelos ha ampliado su abanico y se enlaza con acciones de fomento agropecuario, al desarrollo sustentable, la educación, la cultura y el emprendimiento.
La austeridad, entendida así, no significa una limitación al crecimiento económico, sino una condición fundamental para el mismo; y aunque hay mucho por perfeccionar, parece que los primeros pasos se están dando y que la idea de gasto del gobierno, por primera vez en muchos años, no está del todo reñida con la ciencia económica.
