La templanza es una de las virtudes que los sacerdotes católicos están obligados a practicar al ser una de las cuatro cardinales para moderar los apetitos. Esta cualidad implica moderación, equilibrio y autocontrol no solo en los deseos y acciones, sino también en las palabras que no deben ser producto del impulso, sino de la reflexión y la búsqueda de mayor armonía.
Pero difícilmente podríamos acusar a los sacerdotes que históricamente han sido portavoces de los desposeídos, los desplazados, las víctimas, entre otros agraviados por los abusos y disfunciones sociales, de intemperantes, desenfrenados o desmesurados. La denuncia es parte de la misión social de la Iglesia en tanto busca evidenciar y combatir las injusticias presentes en la tierra y los abusos cometidos por quienes son más fuertes, de facto o de jure, en contra de quienes se perciben como débiles.
En el clima enrarecido por la violencia criminal, pero también por la polarización política que padece México, la posición de muchos sacerdotes que señalan esa violencia, los abusos, el terror que viven miles de familias en todo el país, los ha colocado en una situación de riesgo extraordinario. Aún con ello, casi todos los que suelen pronunciarse contra los abusos han mantenido sus posturas firmes aún frente a los ataques y amenazas de grupos criminales o de los poderes caciquiles que siguen existiendo en algunas regiones.
Los asesinatos, ataques, amenazas y extorsiones contra ministros católicos en México se han vuelto tristemente frecuentes. Lo que ha reabierto un debate que la Iglesia parecía haber superado.
Las corrientes más conservadoras, como la que representa el obispo de Colima, Gerardo Díaz Vázquez, consideran que los sacerdotes deberían “bajarle” a la denuncia y en cambio promover mensajes más propositivos (más light) respecto a las terribles realidades de las que son testigos a través de la interacción con comunidades victimizadas. Así vino a decirlo en Morelos, donde los obispos de Cuernavaca han mantenido durante la historia (salvo por algunas interrupciones mínimas), un discurso de denuncia constante sobre la realidad y los vicios de la sociedad y de los grupos criminales.
Si bien la denuncia por parte de la Iglesia es digna de mérito, además de necesaria en una sociedad donde la oposición, las organizaciones civiles y la académica han fracasado en su labor de contrapesos a los gobiernos y de portavoces de la sociedad; vale la pena considerar que el peligro en que están los sacerdotes que realizan esas denuncias en todo el país se convierte en un componente adicional que podría enrarecer aún más el ambiente. Cada crimen en contra de las instituciones de paz se traduce en un problema mayor y nos aleja de la vida libre de violencia que la mayoría de los mexicanos aún pretendemos construir.
Pero la autocensura, el “bajarle” a la denuncia, no ayuda absolutamente en nada. El silencio significa la claudicación de un discurso necesario, la anulación de la vocería para los pobres, las víctimas, los agraviados por el crimen, la violencia, los abusos. Renunciar a hablar por quienes no tienen voz anularía una de las funciones sociales fundamentales de la Iglesia, y eso es impermisible en las condiciones que hoy padece México.
Entonces lo que debe revisarse desde la comunidad es cómo proteger mejor a quienes promueven la paz, los derechos humanos y son portavoces de los marginados, y eso incluye a los sacerdotes, a los defensores, a los periodistas y a los activistas.
