Una mujer en la región oriente de Morelos va a una entrevista de trabajo, al concluir pide un taxi para regresar a su casa, pero en algún momento pierde el conocimiento; pasa cuatro días en el fondo de un profundo pozo en Atlatlahucan, donde por fortuna fue escuchada por un campesino que pasaba por el lugar y se le puede rescatar con vida.
El rescate evitó que se sumara a las casi cien mujeres víctimas de feminicidio este año en Morelos, a los cientos de desaparecidas en los últimos años. Aún con ello, su caso cuenta como uno de los miles de lesiones dolosas, y otras formas de violencia contra las mujeres.
Miles de mujeres en Morelos reciben acosos que ellas mismas califican de terribles (por su número y agresividad) en el transporte público; otras tantas, o ellas mismas, lo padecen en las calles, en las plazas, y hasta en sus domicilios. Ser mujer en Morelos significa un altísimo riesgo para lo que no parecen ser suficientes los esfuerzos que realizan los gobiernos y los grupos sociales que pretenden lograr una vida libre de violencia para ellas.
Frente al tamaño de la emergencia que padecen las morelenses, parece mezquino pensar en que los esfuerzos institucionales se dupliquen cuando, en un escenario como el actual, tendrían que multiplicarse: tejer una red con muchos nudos para que cada mujer en el estado se sienta y esté verdaderamente a salvo.
Las acciones conjuntas anunciadas por el gobierno de Morelos, los ayuntamientos, el Congreso local, los órganos autónomos, las colectivas feministas y muchas otras personas y organizaciones ciudadanas, muestran la dimensión de la crisis de violencia que padecen las mujeres en Morelos.
Aunque quisiéramos (porque eso hablaría de un cambio hacia una sociedad más decente) es imposible aislarlos de la coyuntura política que los favorece, como es la presencia de mujeres en la gubernatura, la Mesa Directiva del Congreso, las autoridades educativas más importantes (la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos); pero también a la apertura y escucha a las activistas y a la agenda feminista que se han impuesto como forma de trabajo. La gobernadora, Margarita González Saravia, por ejemplo, nombró a una muy joven pero también altamente reconocida como secretaria de las Mujeres; la presidenta de la Mesa Directiva, Jazmín Solano, y otras diputadas se reúnen frecuentemente con representantes de lasa colectivas; la rectoría ha asumido el problema de la violencia contra las mujeres de manera seria al grado de prepararse institucionalmente para enfrentarla.
Las acciones que han empezado a implementarse para proteger a las mujeres aún no son suficientes, como muestran los números, pero evidencian un avance notable, especialmente en la concepción del problema y la voluntad para atenderlo desde todos los frentes. La protección a las mujeres no se concibe ya como una responsabilidad exclusiva de las policías que poco han entendido la dimensión de la violencia de género; ahora es una corresponsabilidad de todos los espacios gubernamentales, pero también de la sociedad que, empeñada en ayudar desde hace mucho tiempo, ahora contará con los canales y los medios para hacerlo.
Hoy se reconoce por fin que la violencia contra las mujeres se presenta lo mismo en las acciones que en las omisiones, por ejemplo, las que derivan en la falta de acceso seguro a la educación, la salud, el empleo, los servicios públicos. El diagnóstico del problema de riesgo para las mujeres ha cambiado por uno mucho más exacto y puntual, y eso ayudará sin duda al tratamiento, algo que tiene que extenderse de manera urgente.
