Desde antes de su renovación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había advertido sobre los vicios en la administración pública de Morelos en torno a los decretos pensionatorios que se concedían en el Congreso local para trabajadores de ayuntamientos, órganos autónomos y los tres Poderes del estado, sin garantías presupuestales para pagar los montos a que tienen derecho los trabajadores.
Esta falta de cuidado provocaba que las autoridades obligadas al pago de pensiones y jubilaciones no pudieran enfrentar los compromisos que fueron aumentando con el tiempo. En paralelo, crecía otro problema el número de jubilados en algunas instituciones, como el Poder Ejecutivo del estado, ya rebasa el número de trabajadores en activo, y en el resto de los organismos públicos se acerca peligrosamente a ello, lo que significa una carga enorme para las finanzas estatales.
La perspectiva llevó a Morelos a diseñar una nueva Ley del Servicio Civil que incluye la creación de un Instituto de Pensiones que se constituirá este mismo año para que sea responsable directo del fondeo de los recursos que se destinan a jubilados y pensionados de los ayuntamientos, órganos autónomos y los tres poderes del gobierno estatal.
Mientras tanto, la carga jubilatoria del estado sigue creciendo bajo un esquema que se ha gestado para sortear los obstáculos financieros, burocráticos y hasta políticos para evitar el pago del derecho de los trabajadores en retiro.
La Corte tiene más de 500 juicios de inconstitucionalidad respecto a decretos pensionatorios y jubilatorios del estado de Morelos que la han convertido en una especie de gestora de pagos de jubilaciones para la entidad, de acuerdo con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien anunció que se presentarán recomendaciones de la Corte al gobierno de Morelos (que irían dirigidas primordialmente a los poderes Legislativo y Ejecutivo) a fin de romper el ciclo de judicialización que tienen los procesos que deberían ser fundamentalmente administrativos y sólo someterse al juicio de la Corte cuando haya irregularidades o situaciones verdaderamente insolubles en otros terrenos.
El Instituto de Pensiones que se creará en Morelos empezará sus funciones, cuando lo haga, con un déficit en la atención de por lo menos 550 casos en manos de la Corte, más los que se acumulen porque el retiro de los trabajadores es un derecho consagrado en la ley y el pago de las pensiones es una obligación de sus empleadores.
Más allá de las recomendaciones de la Corte, que exhibirán la persistencia de un esquema vicioso que ya se habían denunciado casi en cada sentencia de los ministros respecto de la situación en Morelos; el Congreso del estado tendría que acelerar el paso para la creación del Instituto de Pensiones por mera justicia laboral.
Por supuesto, y esto también es un pendiente, deberá revisar los vicios que se han permitido en la administración pública estatal que permitieron a funcionarios públicos de alto rango retirarse con abultadas pensiones apenas unos años después de haber iniciado su servicio público que en muchos casos, además, fue profundamente cuestionable.
