Las universidades públicas del país llamaron a las autoridades de las secretarías de Hacienda y Educación Pública a buscar nuevos mecanismos para fortalecer el financiamiento federal a las instituciones de educación superior.
Aunque en general todos los capítulos del gasto universitario representan retos, el mayor problema está en el pago de salarios dado a que desde hace años, la política salarial no se incluye en el presupuesto anual de las universidades públicas, lo que compromete los pagos de nómina y prestaciones ligadas a ella, como los aguinaldos. No es un tema menor puesto que cada universidad tiene diferentes formas y compromisos contractuales para el cálculo de los pagos a sus trabajadores.
Si bien en el plano local la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presenta el problema de pagos al cierre de cada año de forma recurrente hace más de una década; la falta de recursos para nómina y prestaciones es común en otras instituciones de educación superior del país, lo que debiera hace mucho haber llamado la atención de los diseñadores de presupuesto en la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados.
Porque la UAEM tiene ahora una ventaja coyuntural, que es el respaldo del Ejecutivo de Morelos que acompaña les gestiones por recursos extraordinarios a cargo de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández. Este acompañamiento y la intervención directa de la gobernadora, Margarita González Saravia, lograron que para el 2027 los 270 millones de pesos que la universidad morelense requirió para cerrar sus compromisos de pago en el 2025, se incluyan en el presupuesto federal para la institución a partir del 2027.
Aún con ese apoyo, el impacto de la inflación y el aumento de precios de bienes y servicios no considerados en este índice, parecen mantener bastante comprometidas las finanzas universitarias en el estado, pues el aumento presupuestal a las universidades locales fue de apenas 1.8 por ciento, mientras que la inflación estimada para el 2026 es de 3.5 por ciento, y otros precios podrían elevarse hasta el 4.8 por ciento.
En México, se suelen justificar las negativas de incremento presupuestal sugiriendo a las instituciones medidas de austeridad y reingeniería administrativa. En el caso de las universidades e instituciones de educación superior públicas en México, esa justificación no parece aplicar ya. La Autónoma del Estado de Morelos vive hace años una política de austeridad y reorganizó sus gastos desde hace más de cinco años, y a partir de la administración de la rectora León Hernández se fortalecieron los ahorros y la racionalidad financiera, además de empezar a pagar adeudos históricos. Además, en agosto del 2025, las universidades públicas acordaron lineamientos de austeridad, ahorro, rendición de cuentas y transparencia.
Las instituciones de educación superior han hecho todo lo que está en sus manos para reducir sus déficits, cumplir sus compromisos laborales, aumentar su matrícula y la calidad de sus servicios, impulsar esquemas para lograr más recursos propios, fortalecer su legitimidad y su funcionamiento como bienes sociales.
Ahora toca a los gobiernos federal, estatales y municipales asumir sus obligaciones, porque debe reconocerse que cada uno de esos niveles recibe beneficios sustanciales de los aportes de las comunidades universitarias. Es hora de abrir las carteras.