Era de conocimiento popular que las cosas parecían no manejarse una manera muy aseada en la pasada administración estatal: se decía que se hacían cosas, se alegaban prioridades presupuestales, se peleaban por el manejo del dinero siempre con el argumento de atender necesidades ciudadanas urgentes, pero en la calle no se veían cambios y, peor, se encontraban cada vez nuevos indicios de que aquellas “necesidades urgentes” ni siquiera las conocían quienes blandían el argumento.
En Movilidad nos encontrábamos en callejones sin salida que solo facilitaban el trabajo de los “coyotes” y la corrupción; en obras de la importancia del domo del Mercado López Mateos los especialistas dudan que sirvan de algo a pesar del riesgo que implica un colapso y el gasto que se realizó; en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo se han encontrado diversas anomalías que solo beneficiaron a exfuncionarios. En esta cuenta que parece no tener fin también se puede citar, desde luego, el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario cuyo titular acudió a entregar el despacho a unos minutos de que se le venciera el plazo legal y después de que se descubrieran varias bodegas particulares resguardando en secreto bienes públicos que nuca vieron sus legítimos destinatarios, los trabajadores del campo uno de los sectores productivos más golpeados en los últimos años.
En este contexto, hubiera sorprendido que una de las áreas más criticadas en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, como fue la educación básica, a cargo de Eliacín Salgado, no hubiera presentado observaciones. Todavía cuando este personaje se encontraba en funciones se señalaban posibles irregularidades en la compra de bienes durante la época de la pandemia, se decía que se hizo negocio incluso con los desinfectantes que se adquirieron. El uso discrecional de las plazas, la retención de pagos incluso a maestros jubilados, la eliminación de cuidadores en los planteles y hasta un intento por normalizar las cuotas “voluntarias” de los padres de familia, llegaron a ser situaciones que, de tan frecuentes, dejaron de llamar la atención.
Todavía debe seguir funcionando en Zacatepec aquella escuela que fue reubicada en carpas y tiendas de campaña después del terremoto; el dirigente de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Morelos, Joel Sánchez Vélez, sostiene que son por lo menos cincuenta las instalaciones educativas que aún muestran daños por el sismo del 2017.
Pero, a pesar de que el río sonaba, nadie hizo nada. Tuvo que llegar una nueva administración estatal que, sabiamente, antes de asumir como suyos todos esos problemas, busca identificar el tamaño del rezago y, probablemente, a los responsables, no todos tendrán fuero.
El tamaño de la irresponsabilidad de la vieja administración podrá ser pasmosa, pero sería peor que se intentara ocultar bajo la carpeta y justificar a quienes, con la evidencia saltando por todos lados, aprovecharon sus puestos de responsabilidad pública para fines y ganancias personales.
De hecho, al destapar cloaca tras cloaca, solo se corrobora lo que muchos morelenses sospechaban: que con “Cuauh” Morelos se transformó pero para empeorar.