Una de las dependencias más señaladas por esquemas de corrupción fue la Secretaría de Movilidad y Transporte. Incluso antes de la administración de Cuauhtémoc Blanco, había ya una estructura que había tejido una red de trampas en el servicio público para obligar a los usuarios a realizar pagos ilegales a cambio de concluir sus trámites; pero durante el pasado sexenio ese entramado se profundizó hasta volver casi imposible mover cualquier trámite por la vía legal.
Los usuarios acusaban cobros indebidos de hasta mil quinientos pesos por los trámites “complicados”, concesionarias de automóviles señalaban una cuota de más o menos dos mil pesos si querían que las unidades que vendían salieran “emplacadas” y sus clientes no tuvieran que pasar el calvario de dar otro tanto a coyotes o de plano directamente a los funcionarios de la entonces secretaría. Todo esto les fue señalado por diversos afectados a Víctor Mercado Salgado y a Eduardo Galaz Chacón, los dos secretarios que tuvo la dependencia bajo las órdenes de Cuauhtémoc Blanco, la respuesta a las acusaciones fue nula.
Si Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores no fueron parte de esos tejidos de corrupción, sí quisieron, por lo menos ignorarla y con ello permitieron que se enquistara al grado de que bastó un mes para que la hoy Coordinación de Movilidad y Transporte removiera a más de una decena de funcionarios que podrían estar implicados en un esquema de cobros ilegales por trámites vehiculares; esos más los que se vayan acumulando en los próximos días porque la revisión continúa ahora ya con las oficinas abiertas.
Increíble, lejos de disculparse y emprender “la graciosa huida”, el haber sido removidos del cargo sin levantar aún las denuncias correspondientes se los permitiría; muchos de esos funcionarios vinculados con hechos de corrupción, han empezado a presionar al interior de la hoy Coordinación General de Movilidad y Transporte para seguir en los cargos que tenían o hasta ubicarse mejor. Apuestan a la presión política al titular del despacho, Josué Fernández Fernández para que concluya con los procesos de remoción de funcionarios y permita que sigan trabajando bajo el mismo esquema de siempre.
No la tienen fácil, no solo el coordinador estatal del Transporte fue seleccionado por la gobernadora, Margarita González Saravia, por no tener vínculos con quienes tejieron, operaron o permitieron esas redes de corrupción; también es evidente la convicción de la mandataria y su equipo de erradicar las prácticas deshonestas, fomentando incluso métodos de erradicación de los riesgos de corrupción, como los trámites digitales.
La idea es no sólo denunciar y verificar que se sancione a quienes abusaron de sus cargos, sin importar el nivel que tengan, y afectaron a la ciudadanía y la confianza de ésta en las instituciones; también se trata de promover esquemas que impidan la repetición de estos actos y, con ello, permitan que la eficiencia y la certeza sean guías para la relación de la ciudadanía con la indispensable burocracia.
Faltará, por supuesto, cerrar la pinza. A los despidos que Movilidad y Transporte ha hecho de funcionarios que habrían incurrido en actos de corrupción, la propia dependencia tendría que denunciarlos ante las autoridades y verificar que sean sancionados conforme a derecho. Con eso terminaría de darse la señal que todos los morelenses esperan que cualquier acto de corrupción será perseguido y sancionado, pero también se corregirá el esquema que lo permitió. Solo así puede recuperarse la confianza.