La reciente entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibe, una muestra más del profundo deterioro administrativo y ético que dejó el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo en nuestro estado.
Según el Informe, hay indicios de que durante el pasado gobierno estatal hay irregularidades por más de 37 millones de pesos, principalmente en el Fondo de Aportaciones Múltiples y en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Estos millones de pesos habrán de sumarse al cúmulo de irregularidades que han trascendido en los últimos meses.
Las anomalías detectadas por la ASF van desde pagos improcedentes a trabajadores hasta la ausencia total de documentación justificativa de gasto por más de 30 millones de pesos en el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, por lo que presume un “probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal”, lo cual revela una gestión marcada por la discrecionalidad, el desorden y la opacidad.
Estos hallazgos no son una sorpresa. Durante años, el gobierno estatal se ha manejado con absoluta discrecionalidad y han dejado serias sospechas del buen uso de los recursos públicos, sospechas que han sido atajadas otros funcionarios afines que se han encargado de echar tierra a los indicios en lugar de investigarlos o actuar en consecuencia. Lo nuevo —y esperanzador— es que el presente gobierno no puede darse el lujo de continuar esa estela de impunidad y que ha demostrado intolerancia a la corrupción en sus propias filas.
Ayer, desde el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró un mensaje de gran fuerza política y moral: “Cualquiera que robe al pueblo enfrentará la justicia, porque hoy la honestidad es la regla y no la excepción.” Su declaración no sólo fue simbólica, sino un llamado directo a todas las instancias de gobierno —estatales y municipales— a alinearse con un nuevo paradigma ético: el de la transparencia, la rendición de cuentas y el servicio público honesto.
La Presidenta enfatizó que “los recursos públicos son sagrados” y deben devolverse al pueblo. En su discurso, Sheinbaum marcó distancia con el pasado neoliberal y ratificó el compromiso de su gobierno con la justicia fiscal, la soberanía y la ética pública. “El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad”, aseguró.
En este contexto, la actual administración estatal enfrenta un reto significativo: demostrar que la corrupción no es una herencia inevitable. La sociedad morelense —cansada de gobiernos que “extravían” millones con total impunidad— espera algo más que auditorías: exige sanciones, transparencia real y una administración que no repita los vicios del pasado.
El respaldo del gobierno federal y su alineamiento con la política nacional de honestidad y rendición de cuentas podrían convertirse en un soporte invaluable. Pero la verdadera credibilidad se construirá desde el ámbito local, en cada contrato revisado, en cada peso justificado, en cada exfuncionario castigado por corrupción.
Si “la honestidad es la regla”, como afirmó la presidenta Sheinbaum, Morelos debe ser ejemplo y no excepción. Convertir la fiscalización en justicia, y la denuncia en reparación, será el verdadero indicador de cambio.
