Uno pensaría que, después de los pésimos resultados que ha mostrado la impartición de justicia en Morelos, a cargo casi total de magistradas y magistrados del Tribunal Superior, quienes integran el pleno de ese órgano habrían llevado al límite el enorme enojo que la ciudadanía podría tener. Desde el martes pasado, 22 togadas y togados han demostrado que siempre es posible hacer rabiar más a la ciudadanía si alguien se lo propone.
El domingo, por decimotercera ocasión un grupo de magistrados intentó sesionar para definir la presidencia del órgano, algo que no solo revela la encarnizada lucha por el poder dentro del Tribunal Superior de Justicia, una que desde hace más de dos años ha llenado de sospechas de corrupción al órgano máximo del Poder Judicial en Morelos; sino también constituye el desacato evidente a la reforma constitucional en materia judicial aprobada por el Constituyente Permanente y que entró en operación el martes 20 de mayo.
El decreto 165 en su decimosegunda disposición transitoria obliga a los 22 integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia (magistradas y magistrados todos), a reunirse el día de entrada en vigor del decreto, a las nueve horas, en “sesión extraordinaria, sin necesidad de convocatoria, para elegir, mediante votación secreta y por mayoría calificada de sus integrantes, una terna de entre los cuales se elegirá a la persona titular de la Magistratura que presidirá el Tribunal Superior de Justicia”.
Luego explica el mecanismo de validación de la terna (que fue cumplido por la LVI Legislatura el miércoles pasado el mediodía) y establece que la sesión electiva “será única y permanente hasta culminar el proceso de elección de la persona que presidirá el Poder Judicial”. Pero de los 13 intentos por reanudar la sesión extraordinaria, sólo en cuatro se ha reunido el quórum legal, y apenas en dos de ellas se ha procedido a la votación de la terna que integró el pleno. Es decir, en nueve ocasiones han faltado entre nueve y once magistrados, lo que ha vuelto imposible mantener la sesión en su carácter de permanente, lo que significa por lo menos cuatro días de evidente desacato al mandato de la reforma.
El Constituyente, integrado por el Congreso de Morelos y los 36 cabildos, no previó en el diseño de los transitorios, lo que pasaría en un caso como el que se presenta hoy en Morelos. No hay un mecanismo que permita el rediseño de la terna aprobada y tampoco se establecen sanciones contra quienes incumplen. Probablemente, el Constituyente no intuyó que alguien se atreviera a tanto.
Lo que ocurre en el Tribunal desde hace muchos años y se ha vuelto evidente desde el miércoles pasado (la lucha por el poder, las chicanadas y otros trinquetes para aprovechar las lagunas jurídicas, las presiones, los chantajes, el cinismo con que se ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo en aras de conservar un poder extralegal), ha sumado a la indignación y el enojo de los morelenses que observan el comportamiento de quienes se supone tendrían que ser ejemplo de legalidad y templanza, de respeto y obediencia a la ley, de ética en el servicio público.
La decepción ciudadana frente a la recurrencia de cuantas cuestionables prácticas se ha podido usar para bloquear el procedimiento, vuelve casi irrisorio el optimismo del magistrado decano, Juan Emilio Elizalde, que todas las veces que ha abortado la reanudación de la sesión, ha expresado su confianza de que la vez siguiente se reunirán las condiciones para cumplir el mandato, uno al que se desatiende cayendo en responsabilidad administrativa, política y penal, que se espera quede impune como parte de los acuerdos que, algún día, puedan tomar los magistrados.
Mientras, los justiciables siguen esperando un Poder Judicial digno, efectivo y sobre todo, justo.
