De nuevo, Cuernavaca fue testigo de una marea blanca que recorrió sus calles con paso firme y silencioso. No fue una marcha contra el gobierno, como lo aclaró el Obispo Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sino un acto profundamente ciudadano: una comunidad que se une para clamar paz, justicia y vida digna.
La Caminata por la Paz en Cuernavaca es más que una manifestación simbólica: es un grito colectivo que pone en evidencia la fractura entre la ciudadanía y las instituciones, así como la urgencia de reconstruir el tejido social frente a la violencia.
Historias como la de Rolando, sobreviviente de un secuestro, nos confrontan con la brutalidad de una realidad que no distingue condición social, edad ni profesión. “A cualquiera le puede pasar”, dice él, y tiene razón. En Morelos —como en muchos otros estados del país— la violencia es una sombra omnipresente. Que personas como él decidan marchar no desde la rabia sino desde la responsabilidad cívica, es un ejemplo de valentía y amor por su comunidad.
Otro momento significativo fue el encuentro del Obispo Castro con madres buscadoras y colectivos de víctimas de la violencia. En ese espacio de dolor compartido, también se hizo evidente una dolorosa paradoja: muchas víctimas confían más en la Iglesia que en el Estado para encontrar verdad y consuelo.
Mientras el Estado nos obstaculiza, aquí nos mantienen la fe, dijo Tranquilina Hernández, madre de Mireya, desaparecida hace once años, en 2014. Esa afirmación es, al mismo tiempo, una denuncia y un testimonio de abandono: cuando el aparato estatal fracasa, otras instituciones, como la Iglesia, intentan llenar el vacío de humanidad que deja la justicia parcial y la impunidad.
Que la marcha no haya sido “contra” el gobierno no exonera a las autoridades de su papel central en esta crisis. Las palabras del Obispo fueron contundentes: “¡No es posible vivir con miedo!”, “¡basta de impunidad y de ineficiencia gubernamental!”. Estas frases no son metáforas ni exageraciones; son la descripción diaria de miles de personas atrapadas en un entorno donde se teme al crimen, pero también a la indiferencia de las instituciones.
La corrupción, la fragilidad de los órganos de procuración de justicia y una impartición de justicia a modo son combustibles del incendio que arrasa con la paz en Morelos. Los gobiernos de todos los niveles no son solo espectadores ni se deben limitar a asumir posturas reactivas. Es su responsabilidad atender las causas profundas de la inseguridad: desigualdad, impunidad, descomposición institucional, corrupción, impartición de la justicia parcial y colusión con el crimen organizado.
La Caminata por la Paz no resolverá la violencia que azota a Morelos, pero sí representa la reafirmación de que la ciudadanía aún cree en el poder de actuar juntos, de exigir, de resistir sin violencia.
Recuperar la paz exige mucho más que fe y oraciones. Requiere de un compromiso transversal entre sociedad, organizaciones civiles y, sobre todo, gobiernos decididos a combatir la corrupción y restaurar la legalidad. Porque la seguridad no es un favor que se concede: es un derecho que debe garantizarse.
