Decretada el 10 de agosto del 2015 para ocho municipios de Morelos (Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec), la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos ha servido para muy poco.
Desde el 2014, un grupo de ciudadanas y organizaciones sociales impulsaron la declaratoria que pretendían para todo el estado fundados en un estudio de las agresiones sufridas por mujeres entre enero del 2000 y junio de 2013. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres definió la alerta para sólo ocho de los entonces 33 municipios, aunque tendría que concederse que en ella se incluía a los más densamente poblados.
A partir de esa declaratoria, los gobiernos del estado y los municipios quedaban vinculados a “diseñar un programa de trabajo que permita implementar una serie de medidas de seguridad, prevención y justicia, a fin de garantizar los derechos de las mujeres, particularmente al de una vida libre de violencia”. Esas medidas tenían que ser evaluadas por un grupo interinstitucional que continuamente advirtió la poca eficacia de las políticas implementadas en Morelos para reducir las agresiones a mujeres.
No eran solo las percepciones, los datos avalaban cada una de las críticas, el número de casos de violencia contra mujeres en Morelos creció exponencialmente en la última década aún en los municipios que se suponía atendían a la AVG. El problema básico es que las autoridades responsables oían, pero no escuchaban y mucho menos atendían las criticas sobre el mecanismo. El 10 de agosto se convirtió en una efeméride para que anualmente se recordara con datos el fracaso de la alerta.
Ahí radica la importancia del anuncio de la secretaria de las Mujeres del gobierno de Morelos, Clarisa Gómez Manrique, respecto a la revisión, modificación y fortalecimiento de las estrategias que se han implementado históricamente en el estado para atender la Alerta. Se trata de atender las medidas de prevención, atención y sanción con base en las indicaciones del Grupo Interdisciplinario de especialistas en el tema que evalúa las acciones y los resultados de la AVG; y en la ruta estratégica para la prevención y erradicación de la violencia de género, establecida desde el gobierno estatal en la actual administración.
Para hacer las modificaciones a las estrategias y fortalecer la atención el gobierno estatal dispondrá de siete millones de pesos adicionales que se destinarán en parte a la contratación de personal para la Fiscalía General del Estado y sus Centros de Justicia para Mujeres, pero también para más profesionistas que atiendan a las mujeres violentadas desde la Secretaría de las Mujeres.
Parte del recurso también se destinará a una campaña de comunicación que busca reeducar a la ciudadanía sobre lo que significa la Alerta, pues en el diagnóstico sobre los fracasos del mecanismo ha quedado claro que hay ayuntamientos que deberían atenderla pero no saben ni qué es.
Probablemente la escucha que desde el gobierno estatal se tiene a las críticas sobre casi una década de fracasos de la AVG en Morelos, ayude a que por primera vez el mecanismo sirva para algo más que llevar un registro parcial de las violencias y tener reuniones de gabinetes. Entender y corregir lo que falla es indispensable para que cualquier esquema sea efectivo, y prevenir las agresiones contra las mujeres es una de las cosas urgentes que deben funcionar en Morelos.