Igual que muchos otros exfuncionarios públicos, el exgobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu debe ser llamado a cuentas para explicar la cantidad enorme de irregularidades, reales o sospechadas, que ocurrieron cuando el Poder Ejecutivo del estado de Morelos estuvo a su mando.
Pero el sistema político parece estar diseñado para impedir que los políticos, especialmente los más encumbrados, sean obligados a responder por actos y omisiones cometidos durante sus encargos.
Desde que Jorge Carrillo Olea fue sujeto al primer proceso de juicio político en contra de un gobernador en la historia moderna de Morelos, (procedimiento que no concluyó dada la solicitud de licencia definitiva que el mandatario presentó al cargo en el 1998); tres de los cuatro gobernadores constitucionales de Morelos que llegaron al cargo por la vía de elección enfrentaron por lo menos el intento de juicio político por omisiones o probables delitos diversos. Ninguno de ellos fue sancionado, o siquiera requerido en la tribuna del Congreso para responder a las acusaciones.
Los amparos, recursos legales, compra de voluntades de legisladores, ineptitud jurídica, intercambios de favores y hasta el cálculo político del probable debilitamiento de un Ejecutivo marcado por la sospecha, han contribuido a que los titulares del Ejecutivo en Morelos se hayan convertido en intocables para lo que podríamos llamar el más grave de los contrapesos del sistema: el juicio político y la declaratoria de procedencia.
Por supuesto que parecería una broma que la responsable del proceso revivido en un Tribunal Colegiado en contra de Graco Ramírez sea la cuestionadísima administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo; pero diríase coloquialmente “es lo que había entonces”.
El juicio político en contra del exgobernador perredista de Morelos parte de la omisión en las ministraciones de recursos por alrededor de 120 millones de pesos a la Fiscalía General del estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que impidieron el funcionamiento adecuado de los dos órganos autónomos. Es decir, más allá de la personalidad y legitimidad moral del denunciante, hay materia para por lo menos llamar a cuentas al exgobernador Ramírez.
Los episodios de crisis que vivieron en el 2018 los órganos de procuración de justicia y administrativo electoral fueron evidentes y lesionaron el derecho de los morelenses a tener órganos autónomos en funciones óptimas. Mucho más si se considera que los recursos no tuvieron que ser gestionados especialmente, sino solo fueron retenidos en las arcas del estado.
La resolución del juzgador en torno al juicio de amparo que promovió Ramírez Garrido contra el procedimiento iniciado por el Congreso de Morelos en su contra obliga al Legislativo a nuevamente determinar con motivaciones y fundamento jurídico si es o no procedente el juicio político contra el exgobernador; en caso de resultar procedente, la LVI Legislatura tendría que juzgar al exgobernador, algo que sin duda traerá a colación otros pendientes, como las solicitudes de procedencia y las de juicio político en contra de Cuauhtémoc Blanco presentadas, las primeras por la Fiscalía Anticorrupción en el 2022, y las segundas por grupos de abogados el mismo año, todas ellas empolvadas en los archivos del Legislativo.
Y, visto que las figuras actuales de sanción y rendición de cuentas han sido totalmente inoperantes, también convendría empezar a discutir otras formas de hacer que los gobernadores rindan cuentas efectivas sobre sus gestiones, no solo para cuidar su buen nombre y a la ciudadanía de Morelos, sino para permitir realizar los ajustes necesarios que eviten futuras fallas o acciones dolosas.