Además de las investigaciones que lleva sobre el ejercicio de los recursos públicos en la secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Comisión Estatal del Agua, el Instituto de la Educación Básica y la mitad de los ayuntamientos del estado, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) inició auditorías especiales sobre el uso de recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos durante los ejercicios que van del 2021 al 2024, derivadas todas de denuncias anónimas.
Aunque Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia desde mediados del 2022 y por consiguiente, responsable último de por lo menos dos y medio de los ejercicios que se revisarán, busca atribuir las indagatorias al conflicto político interno que mantiene abierto con la mayoría de los magistrados que integran el pleno del órgano titular del Poder Judicial, el que la búsqueda vaya desde el periodo de su antecesor, Rubén Jasso Díaz, podría diluir la sospecha sobre una intencionalidad facciosa.
Porque algo que debe reconocerse a la ESAF, desde que la asumió José Blas Cuevas Díaz es que, a pesar de su lentitud para resolver muchos de los asuntos que tiene en su agenda, ha resultado bastante certera en las revisiones hechas, algunas de ellas remitidas ya a la Fiscalía Anticorrupción para darles cauce legal; otras en vías de ello. Y aunque la implementación de una auditoría especial sobre el manejo de recursos no necesariamente plantea la comisión de delitos en el actuar de los servidores públicos, sí constituye la herramienta para confirmar o descartar las sospechas de los denunciantes de conductas que se consideran irregulares en el uso del dinero público.
Las auditorías especiales al Tribunal Superior de Justicia, una por cada ejercicio revisado, servirán para aclarar las enormes y, según magistrados y denunciantes, justificadas sospechas sobre el mal uso de los recursos del poder. La suspicacia no es huérfana, sino hija natural de la falta de transparencia vuelta una mala costumbre en el uso del dinero público que recibe el Poder Judicial en Morelos en presupuestos que, a pesar de haber sido ampliados de forma importante durante el último lustro, no se han traducido en mejoras reales en la administración de justicia que, aunque los juzgadores no quieran reconocer, se ha deteriorado profunda y constantemente en la última década.
Lo que no lograrán las auditorías, porque se trata de un asunto que trasciende por mucho el uso de dinero público, es resolver la crisis al interior del Tribunal Superior de Justicia, provocada por el enfrentamiento de grupos de interés; el minoritario que defiende la presidencia de Gamboa Olea, y el opositor, que tiene a su vocero más activo en Francisco Hurtado Delgado.
Sea cual sea el resultado de las auditorías especiales, por lo menos una de las facciones quedará inconforme con el resultado; lo que resulta casi irrelevante si se contrasta con el daño que, por mucho que se niegue, causa el conflicto a una sociedad que reclama con toda legitimidad mejoras profundas en el sistema de impartición de justicia, del que se requiere reducir los noveles de casi absoluta impunidad, restaurar el respeto irrestricto y general a los derechos humanos, erradicar esquemas de corrupción, avanzar en el sistema garantista; todos estos componentes necesarios de la justicia a la que aspiran todos los morelenses.
Y aunque esos asuntos no se vayan a corregir con auditorías, por más profundas que sean, probablemente sean éstas las herramientas que expliquen la pugna de poder y parte de la enorme colección de deficiencias que padece el Poder Judicial en Morelos.
