Con la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística se pone fin a un periodo valioso, pero hace tiempo agotado en la historia de la transparencia y la protección de datos personales en el estado.
El IMIPE operó desde 2003 y sus resultados fueron variopintos. En sus primeros años de existencia logró que la transparencia y la protección de datos personales empezaran a incluirse en la discusión de la política y la vida pública en el estado; además de que enseñó a miles de morelenses sobre los riesgos de que sus datos personales circularan libremente y pudieran ser incluso comercializados.
Abrir esa discusión y forzar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de órganos públicos tradicionalmente opacos permitió aumentar la capacidad de análisis social sobre las políticas públicas y las instituciones gubernamentales, políticas, sindicales y autónomas que reciben recursos públicos. También fomentó un aumento notable en los niveles de exigencia ciudadana a los gobiernos, órganos autónomos e instituciones, con lo que se fortaleció, sin duda, la democracia.
El tiempo no fue generoso, sin embargo, con el modelo autonómico de la transparencia. Problemas estructurales permitieron que se convirtiera paulatinamente en una agencia de colocaciones para cumplir compromisos políticos desde el Congreso del Estado. Limitaciones jurídicas impidieron al órgano ejercer realmente como garante de la información pública; cientos de expedientes de incumplimiento de los sujetos obligados a las solicitudes de información ciudadanas contrastan con la entrega anual de reconocimientos a prácticamente todas las instituciones por “cumplir” con sus obligaciones de transparencia. Éticas relativas convirtieron a los despachos de algunos comisionados en espacios donde los abusos en el uso de los recursos públicos era más que evidente y tristemente impune.
En el contexto nacional se presentaban problemas similares con otros órganos garantes.
Así que el cuestionamiento, primero público y luego del gobierno federal a la utilidad de los órganos autónomos en materia de transparencia y protección de datos personales fue creciendo y se impuso eventualmente mediante una reforma que trasladó las obligaciones de transparencia y protección de datos personales a los órganos de contraloría en la Federación y los estados, y a los despachos que para el efecto existen o se creen en otros poderes y organismos públicos.
No parece tratarse de un salto al vacío, las reformas en la materia parecen haber previsto la salvaguarda de los derechos de acceso a la información y protección de datos en las condiciones que marcan las leyes y ordenamientos. Sin embargo, debe acotarse que los retos que el mundo actual y el acelerado avance tecnológico plantean vuelven urgente la revisión de las legislaciones y empezar a hacer modificaciones con un enfoque garantista, es decir, de ampliación de derechos.
Los riesgos para la protección de los datos personales, los que plantea la circulación de información falsa creada a partir de inteligencia artificial y el peligro constante que enfrenta la ciudadanía en un mundo digitalizado, entre otros retos, deben atenderse y combatidos con un marco jurídico robusto y adaptable para ofrecer certezas a través del tiempo.
Esa es la tarea que tienen pendiente los gobiernos en todo el país y no depende de órganos burocráticos, sino de voluntad política e inteligencia en el diseño legislativo.
