Aunque es una muy buena noticia que el Ayuntamiento de Cuernavaca haya logrado reducir su deuda pública en alrededor de un noventa por ciento, el dato deja un sabor aún agridulce en los habitantes de la ciudad.
El enfrentar los adeudos heredados por las tres administraciones municipales que fueron del 2013 al 2021 ha permitido al equipo del alcalde José Luis Urióstegui Salgado reorientar los presupuestos e impulsar la obra pública y la paulatina mejora de los servicios municipales. Si a esto se suma el incremento sustancial en la recaudación que generó por primera vez un superávit de casi 68 millones de pesos en este renglón, es innegable que hay más dinero para inversión en infraestructura, aunque las condiciones del municipio siguen siendo de recursos sumamente escasos.
La capacidad de la administración de José Luis Urióstegui para hacer frente a los compromisos mediante renegociación, gestión de recursos extraordinarios, generación de ahorros, y aumento a la recaudación ha sido evidente y genera un buen ambiente entre los muchos acreedores del municipio. Esto permitió que gran parte de la deuda se redujera con esquemas favorables de pago.
Con esta evidencia, es posible reconocer la habilidad financiera de la administración municipal en el manejo de los recursos públicos, lo que merecería un aplauso para la administración municipal.
Pero lo hábil que ha sido el equipo del alcalde para enfrentar y reestructurar las finanzas públicas de forma que se garantice, no solo la prestación de los servicios municipales, sino también su mantenimiento, rehabilitación y hasta ampliación a zonas donde antes no llegaban; contrasta con la impunidad en que se encuentran las pifias administrativas, malas decisiones directivas, omisiones y hasta dolo en el ejercicio de los recursos públicos que generaron la abultadísima deuda que recibió Urióstegui desde el inicio de su primer periodo como alcalde en el 2022.
Porque el mayor monto adeudado por el ayuntamiento no deriva de un problema estructural de la administración, como podría verse en algunos otros municipios, sino de una serie de malas decisiones, engaños, inacciones, trampas, y otras irregularidades administrativas cometidas por el funcionariado municipal, principalmente en los periodos de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Antonio Villalobos Adán.
En los expedientes históricos del Ayuntamiento de Cuernavaca resultan evidentes malas prácticas que provocaron daños por cientos de millones de pesos a las arcas municipales y que permanecen impunes y, aparentemente, sin posibilidades de ser resarcidos.
Es cierto que, al ser compromisos institucionales y no personales, la comuna estaba obligada a pagar; pero eso omite la necesidad de sancionar a los responsables del quebranto y exigirles reparar el daño.
La primera administración de José Luis Urióstegui Salgado presentó un conjunto de denuncias relacionadas con esos desfalcos; a ese paquete se sumaron otras por hechos que fueron descubiertos en el transcurso del tiempo. Hasta ahora, ninguna de ellas ha prosperado.
Se trata de procesos que están fuera de la cancha del ayuntamiento, pero las autoridades municipales tendrían que darles seguimiento y exigir la reparación del daño. Así no solo garantizarían la sanción a la corrupción, sino también recursos que podrían hacer lucir en la obra pública que por muchos años faltó en la ciudad,
