En Morelos, la violencia no sólo se siente: se mide, se cuantifica, se sufre y se paga. En 2024, la criminalidad le costó a nuestro estado una pérdida de más de 147 mil millones de pesos, lo que equivale al 43.2% del Producto Interno Bruto estatal, de acuerdo con el Índice de Paz México 2025 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Se trata del mayor costo económico de la violencia en todo el país, incluso por encima de entidades con mayores niveles de letalidad como Colima.
Detrás de las cifras están los rostros. Están las puertas que se cierran más temprano, los negocios que bajan sus cortinas antes del anochecer, los proyectos que no despegan, las familias que emigran o que viven con el miedo instalado en la cotidianidad. El impacto económico de la violencia en Morelos alcanzó un promedio de 69 mil 318 pesos por habitante, es decir, cada persona en el estado perdió unos 5 mil 800 pesos mensuales debido al crimen y sus efectos indirectos: menos productividad, mayor gasto en seguridad, pérdida de oportunidades y la también muy costosa ruptura del tejido social, aunque esta última no se mida en pesos y centavos.
A esta violencia estructural se suma otra tragedia silenciosa pero no menos dolorosa: la de las desapariciones. Tan solo en lo que va de 2025, se han reportado 298 personas desaparecidas en el estado, la mayoría de ellas jóvenes. Lo que más duele es la normalización: el hecho de que las desapariciones ya no conmocionen como deberían. Que muchas veces ni siquiera lleguen a ser denunciadas ante las autoridades.
Especialmente alarmante es la desaparición de niñas y adolescentes. De las 70 desapariciones de menores entre 0 y 17 años, 2.4 son niñas por cada niño, una estadística que refleja una profunda violencia de género en el estado. En contraste, entre los jóvenes de 18 a 29 años, desaparecen más hombres. Las cifras cambian, pero la constante es la misma: seguimos perdiendo a nuestras juventudes.
Todo esto ocurre en un Morelos que apenas inicia una nueva etapa de gobierno. La actual administración estatal, encabezada por Margarita González Saravia, que asumió el poder hace menos de un año, ha mostrado voluntad política y compromiso público para enfrentar la crisis de seguridad. Es justo reconocerlo. Pero también es importante decirlo con claridad: el panorama que recibió era devastador. Las inercias de la descomposición institucional, el abandono de las capacidades locales de seguridad y justicia, así como la expansión del crimen organizado, dejaron una base muy deteriorada que no se corrige de la noche a la mañana.
El reto no es menor: revertir un modelo de impunidad y miedo que ha sido funcional al delito. Atender las causas, fortalecer la procuración de justicia, proteger a las víctimas y reconstruir el pacto social. Y, sobre todo, garantizar que cada desaparición sea investigada con seriedad y que cada familia tenga acceso a la verdad y la justicia, temas aún lejanos como se puede comprobar en el caso de Diana Tamayo, víctima no solo de quien fue su pareja, sino de quienes habitan en las instituciones y supuestamente trabajan para todos nosotros resguardando la ley que, finalmente, tuercen a su capricho y conveniencia.
Morelos necesita paz, pero no una paz entendida como ausencia de balas, sino como la reconstrucción de la confianza ciudadana en sus instituciones, en sus calles, en sus proyectos de vida. Aún hay margen para la esperanza, pero requiere de acciones contundentes, de empatía política, de escucha activa y de un esfuerzo articulado entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.
La violencia nos está costando demasiado. Y no se trata solo de millones o puntos del PIB: hablamos de vidas truncadas, de infancias en peligro, de generaciones que merecen algo más que sobrevivir en la zozobra. Frente a este escenario, el llamado es doble: que las autoridades no bajen la guardia pues aún hay que remontar el río y que, como sociedad, jamás nos resignemos a vivir entre la corrupción y la apatía institucionales.