Desde hace más de una década, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos padece una situación financiera de apremio que se evidencia cada diciembre con la incertidumbre en las fechas de pago de las prestaciones (y en ocasiones hasta de las catorcenas) de los trabajadores.
La administración del exrector Gustavo Urquiza Beltrán (2017-2023) inició un proceso de reingeniería financiera que significó un profundo esfuerzo para la institución al implementar muy severas políticas de austeridad, pero también requirió enormes sacrificios de los trabajadores que siguieron en la incertidumbre de recibir los salarios y prestaciones a los que tienen derecho. El apretar el cinturón universitario significó también, para cientos de trabajadores administrativos ver cómo sus percepciones se colocaban por debajo del Salario Mínimo General.
La llegada a la rectoría de la rectora, Viridiana Aydeé León Hernández trajo la revisión, ampliación y corrección de las políticas de austeridad. Se puso acento en algunos asuntos que se habían desatendido por múltiples circunstancias durante los años anteriores, como el pago de adeudos históricos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyas penalizaciones significaban una permanente merma en las finanzas. También se construyó una relación mucho más activa con los gobiernos federal y estatal para mejorar la gestión de recursos extraordinarios; y se impulsa el fortalecimiento de los recursos propios por medio de la prestación de servicios de asesoría, con lo que se evita la presión de incrementar las cuotas a los estudiantes.
Pero el tamaño de la crisis universitaria es tal que todos esos esfuerzos han sido insuficientes. Esto se debe a que no se ha corregido el origen del problema que, en términos muy simples está en que la UAEM ha duplicado su matricula y, en cambio, su presupuesto se ha reducido en términos reales durante los últimos 15 años. En esas condiciones, la disciplina financiera, la austeridad, los sacrificios que hacen los trabajadores y las administraciones universitarias, por más significativos y reconocibles, resultan insuficientes para resolver el problema recurrente de las finanzas institucionales.
Por años, a las administraciones universitarias y los gobiernos estatales les había parecido suficiente “librar” la crisis de diciembre con la gestión de recursos universitarios. Aunque el origen del problema era obvio, y se reconocía y enunciaba públicamente, nadie se ocupaba de lo fundamental: los gobiernos estatal y federal deben mejorar sustancialmente el financiamiento de la UAEM para que el gasto por alumno, actualmente de 47 mil pesos anuales por estudiante (uno de los más bajos del país), aumente significativamente. La UNAM, por ejemplo, tiene un gasto de entre 61 mil y 79 mil pesos; la Autónoma de Yucatán llega a 168 mil 300 (el más alto del país).
El esfuerzo por hacerse cobra mucho más sentido si se considera que la UAEM mantiene una alta calidad académica, una muy efectiva vinculación social, es líder en muchas categorías de investigación científica; pero también, la administración universitaria ha hecho todo lo que está en sus manos para sanear sus finanzas y atender sus compromisos. El rescate de la UAEM, para no ser una anual molestia colectiva, tendría que darse desde la estructura de su financiamiento. Los trabajadores académicos y administrativos, las facultades e institutos de investigación, la rectoría, y sobre todo la comunidad estudiantil, merecen vivir sin sobresaltos financieros: se lo ganan todos los días.
