La extorsión telefónica se ha convertido en uno de los delitos que más daño silencioso provoca en la vida cotidiana: genera miedo, angustia, desconfianza y una percepción constante de inseguridad que afecta tanto a familias como a comunidades enteras. Una parte significativa de estas llamadas —en especial aquellas que simulan secuestros o amenazas inmediatas— se originan desde el interior de centros penitenciarios, espacios donde, en teoría, el uso de teléfonos celulares está estrictamente prohibido.
Hace unas semanas, el 11 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que , como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se detectó que 12 centros penitenciarios del país concentran el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito.
La reciente campaña informativa implementada en los Centros de Reinserción Social de Morelos y en el CEMPLA, derivada de la aplicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, gira en torno de un mensaje claro: introducir celulares a los penales no es una falta menor ni un acto de “ayuda” hacia una persona privada de la libertad; es un delito grave que puede acarrear hasta 12 años de prisión, se podría añadir que, además, este gesto podría tener consecuencias directas para la seguridad colectiva.
El caso de una mujer adulta mayor vinculada a proceso por intentar ingresar dispositivos móviles al penal de Atlacholoaya ilustra el hecho de que los teléfonos que llegan ilegalmente a las cárceles no cumplen una función humanitaria ni sirven para preservar vínculos familiares. Su uso principal es facilitar actividades ilícitas: extorsiones, fraudes, amenazas y delitos que se cometen a distancia, pero cuyos efectos son profundamente reales para quienes los padecen.
Aquí es donde la reflexión debe ir más allá de la sanción penal. Respetar la ley, en este contexto, no sólo es una obligación jurídica de las autoridades, es también un acto de autoprotección ciudadana. Cada celular que entra a un penal de forma ilegal se convierte en una herramienta potencial para sembrar miedo en la misma comunidad de la que provienen quienes lo introducen. Es una paradoja cruel: por intentar “ayudar” a un ser querido, se termina contribuyendo a dañar a vecinos, conocidos y a la sociedad en su conjunto.
Hay que reconocer que la estrategia nacional contra la extorsión, y su aterrizaje en Morelos incluyan acciones de difusión y coordinación interinstitucional, para que nadie se llame a sorpresa y que todos asumamos nuestra responsabilidad. No basta con decomisar aparatos o castigar casos aislados; es indispensable construir una cultura de legalidad que haga entender que la seguridad no es sólo es tarea del Estado, sino también de la ciudadanía. La ley existe, en este caso, para protegernos de un delito que se alimenta de la complicidad, la desinformación o la normalización de prácticas ilegales.
Combatir la extorsión implica cerrar filas: autoridades vigilantes, sistemas penitenciarios firmes y una sociedad consciente de que cumplir la ley es, muchas veces, la primera línea de defensa frente a la violencia. Respetar las normas no es un gesto abstracto; es una forma concreta de cuidar la tranquilidad propia y la de los demás. En un contexto donde el miedo suele viajar por una llamada telefónica, impedir que ese teléfono llegue a manos indebidas es un acto de responsabilidad civil.