Probablemente por lo obvio que resultaría, el impacto de la justicia laboral en el desarrollo económico de los estados suele ser convenientemente olvidado, especialmente por quienes se benefician de la explotación de los trabajadores.
La Revolución Industrial obsequió a la humanidad una experiencia invaluable sobre cómo funciona la economía y por qué es indispensable garantizar los derechos de los trabajadores para elevar la productividad, fortalecer el mercado interno, garantizar el empleo formal y la fidelidad a las empresas; además de mantener la paz social.
Los argumentos para mantener una eficiente justicia laboral, entonces, no solo son jurídicos, también tienen un impacto económico que permite estimular el círculo trabajo-producción-consumo, de forma medible. Los expertos estiman que las mejoras en justicia laboral emprendidas recientemente en todo el país pueden elevar hasta en una décima de punto porcentual el Producto Interno Bruto, lo que significa cientos de millones de pesos al año.
Una buena justicia laboral estimula el empleo formal, atrae inversiones y mejora la productividad.
De hecho, parte del nulo crecimiento económico y en la oferta de empleo formal en Morelos durante los últimos años está directamente relacionada con el enorme rezago en la justicia laboral que presentaba el estado. El sexenio pasado se abandonó tanto la función del gobierno estatal en la buena marcha de las relaciones entre trabajadores y empresarios, que se inhibió la inversión hasta provocar la pérdida de cientos de empleos formales anuales y el incremento de la informalidad laboral hasta niveles que espantan (más del 60% de la fuerza de trabajo).
Con la llegada de la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, a cargo de Víctor Sánchez Trujillo, se ha trabajado en abatir el rezago en expedientes laborales y favorecer la conciliación y la pronta solución de los diferendos que van surgiendo, lo que ha permitido solucionar más de tres mil asuntos que se tenían pendientes, algunos desde el 2021.
La mejora en la justicia laboral se ha traducido en la recuperación de empleos formales y en que Morelos vuelve a ser un destino atractivo para las inversiones, tanto locales como externas. Adicionalmente, se han ido reduciendo paulatinamente las tensiones sociales causadas por conflictos obrero-patronales, y poco a poco se recupera el consumo interno.
Por supuesto que aún falta mucho por hacer, pero también se ha avanzado en la prevención de conflictos mediante la capacitación al empresariado y los trabajadores sobre nuevas leyes y medios de conciliación extrajudicial, lo que ha favorecido a reducir la tendencia al litigio.
Entre los pendientes, aún está: introducir contratos de prueba, capacitación inicial, temporales y por hora, que bajan riesgos de despido injustificado y elevan empleo juvenil; poner tope a los salarios caídos y eliminar cláusulas de exclusión para reducir barreras a la formalización de trabajadores; fortalecer los programas de capacitación u la movilidad laboral interna; mejorar la oralidad en los juicios laborales; concluir la digitalización de expedientes; y establecer penas para las malas prácticas en las Juntas de Conciliación; pero el avance que Morelos registra es digno de reconocerse y deberá verse reflejado en el muy corto plazo en nuevas inversiones y plazas formales.