La reforma a la Ley del Servicio Civil para el estado de Morelos es necesaria en tanto reformula un esquema de jubilaciones y pensiones que representa una carga a las finanzas públicas locales que paulatinamente se ha vuelto insostenible. Solo por citar un ejemplo, la carga de pago en pensiones para el Ejecutivo del estado ya supera el gasto en nómina, un problema estructural que, a pesar de reconocerse, fue pasado de largo por lo menos durante veinticinco años.
En términos muy generales el asunto puede explicarse por varios fenómenos que han confluido en los últimos años: el aumento en la esperanza de vida de la población; la reducción paulatina pero constante del personal que presta sus servicios en el sector público; la baja recaudación de los gobiernos estatal y municipales; el otorgamiento de abultadas pensiones a funcionarios de alto nivel que prestaron servicios en esos cargos durante muy pocos años; el otorgamiento de prestaciones locales (como el aguinaldo de 90 días) a pensionados estatales; y la integración de salarios con presupuestos federal y estatal cuyas pensiones no son fondeadas por la Federación.
Y aunque el problema de hecho se previó hace más de dos décadas, cuando empezó a hablarse de la crisis financiera que ya se avizoraba en materia de jubilaciones en el servicio público, nadie había atendido el asunto en el gobierno salvo por algunas hojas diagnósticas impecables que fueron archivadas casi como datos curiosos de la numeralia gubernamental.
Lejos de hacer caso a los llamados de emergencia, las administraciones de Graco Ramírez Garrido y Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo mismo que ayuntamientos y otros poderes del estado en esos doce años (2012 a 2024), permitieron y hasta fomentaron la jubilación de exfuncionarios con abultados beneficios, las llamadas pensiones doradas. Algunas de estas jubilaciones se concedieron a personas muy jóvenes, menos de 50 años, y otras fueron otorgadas con el uso de documentos apócrifos, poco creíbles o a quienes apenas llevaban unos meses en el cargo con que accedieron al cálculo de sus pensiones; el daño fue evidente y hasta doloso.
La administración de la gobernadora, Margarita González Saravia y la LVI Legislatura del Congreso de Morelos enfrentan el problema con la reforma a la Ley del Servicio Civil y la creación del Instituto de Pensiones del estado. Como se trata de la primera ocasión en que se atiende el complejo asunto, se está enfrentando un costo político en parte por la inexperiencia. La reforma no fue socializada lo suficiente y la redacción de algunos artículos podría llevar a interpretaciones que lesionaran derechos de los trabajadores en activo.
Se trata de un problema que aún no existe, pero podría presentarse si no se atiende corrigiendo el articulado de la ley que podría afectar a los trabajadores en activo. Es decir, tampoco se trata de un asunto de extraordinaria gravedad y, en la medida en que pueda corregirse en las próximas semanas se habrá dado un enorme paso en la corrección del riesgo financiero que significan las pensiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y los ayuntamientos de Morelos.
El otro avance tendrá que ser el Instituto de Pensiones que empezaría a funcionar en el 2027 una vez concluidos los estudios actuariales que establecerán las necesidades presupuestales a futuro para el organismo que será responsable de los pagos a jubilados del servicio público de Morelos.
La ruta es la correcta, pero al tratarse de un camino nunca andado, es normal que se enfrenten obstáculos y barreras.
