El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está en la Constitución, las leyes locales y diversos tratados internacionales firmados por México en que se reconoce a estas comunidades como sujetas de derecho público y autonomía para tomar decisiones sobre su desarrollo.
Estas admisiones del Estado asocian una serie de garantías como la de consulta previa sobre decisiones que puedan afectar sus tierras y recursos; el acceso a recursos públicos de forma directa; la protección a sus derechos lingüísticos y culturales; y la aplicación de normas jurídicas surgidas de prácticas repetidas en el tiempo como una forma de autogobierno, conocidas como usos y costumbres. En esta última categoría es donde puede darse un mayor debate dado que la convivencia de la ley y su supremacía suele entrar en conflicto con una parte de esos usos y costumbres que resultan falibles, incompatibles con el derecho moderno y en ocasiones violatorios de los derechos humanos.
Aunque en términos generales los regímenes de usos y costumbres resultan modelos muy eficientes de organización, hay apartados de esas formas de organización que resultan lesivos para la seguridad pública, el orden institucional y hasta los derechos de terceros. Uno de esos casos es el de La Ronda, un sistema de vigilancia comunitaria profundamente enraizado en el poblado de Ocotepec, una comunidad indígena del norte de Cuernavaca regida por usos y costumbres.
Ocotepec es uno de los doce pueblos históricos de Cuernavaca, hay registros de su existencia desde mediados del siglo XIV. Su economía ha virado del sector primario al comercio minorista, la producción de artesanía y alimentos preparados; aunque una de sus características es el fuerte arraigo de sus tradiciones, como La Cereada (por el Día de Muertos), considerada patrimonio inmaterial de la humanidad y su Víacrucis, ambas fundamentales para la cultura e identidad locales de un pueblo que, en general, es de gente buena y respetuosa de sus costumbres y de las leyes.
La Ronda, de Ocotepec es una especie de policía que inició siendo verdaderamente comunitaria. Por muchas décadas, los hombres de 18 a 65 años salían a cuidar las calles por lo menos una vez al mes. Eventualmente se establecieron mandos para organizar la fuerza, que pervivió aún frente a los intentos de los gobiernos estatales y municipales de desintegrar los grupos de vigilancia comunitaria.
Probablemente parte de esta acción de desmantelamiento tensó el ambiente al grado que, en los últimos 25 años, se han presentado diversos hechos que involucran a integrantes de La Ronda en hechos que podrían constituir delitos. En el 2002 se registró la retención de elementos de la policía metropolitana; dos años después elementos de la ronda alcoholizados dispararon contra policía; La Ronda ha permitido y hasta vigilado la operación de giros rojos en el poblado que operan sin la autorización municipal, ha violado los derechos humanos de personas que transitaban por el poblado, y ha retenido a policías municipales ilegalmente.
Apenas hace un par de días, La Ronda habría impedido la captura de un delincuente al acudir, armados, en su defensa.
Pero no debería entenderse a La Ronda como un cuerpo unificado; al tratarse de un grupo vecinal, el actuar de algunos de sus miembros no debería traducirse en un prejuicio de todos sus participantes.
Por muchas décadas el grupo de vigilancia en Ocotepec funcionó adecuadamente, pero la realidad parece haberlo rebasado, igual que ha pasado con otros grupos sociales y hasta con las instituciones policiacas. Revisar el actuar de La Ronda, las actividades de los miembros de ella que provocan sospechas, y rediseñar sus límites, relación e interacción con las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y con la comunidad a la que deben servir, parece un camino inevitable. Solo falta que alguien se atreva a plantearlo.
