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Para nadie es noticia que el municipio de Cuernavaca tiene la policía mejor equipada del estado, también está entre las más capacitadas y las mejor pagadas. Aún con sus limitaciones, en el estándar estatal la policía de la capital morelense era la mejor, por lo menos hasta el inicio de este año cuando algunos otros ayuntamientos iniciaron ejercicios de fortalecimiento de sus fuerzas locales de prevención del delito y la gobernadora, Margarita González Saravia, respaldó muchos de los esfuerzos de las corporaciones municipales y decidió invertir en la policía estatal.

No se trató de un asunto casual, mientras muchos ayuntamientos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco se contagiaron de la incapacidad e inoperancia de la autoridad estatal también en materia de seguridad pública. En contraste, desde la llegada del alcalde, José Luis Urióstegui Salgado, Cuernavaca determinó salir del modelo de Mando Coordinado y empezar a invertir en el fortalecimiento de su policía local.

Y si bien los intentos se tradujeron en la contención de índices delictivos en la capital del estado, lo cierto es que resultaron insuficientes para cumplir con tres objetivos: la reducción sustancial en la comisión de delitos de todo tipo (especialmente los de alto impacto); la necesaria ampliación del estado de fuerza policiaca a niveles de suficiencia y confiabilidad requeridos en una ciudad del tamaño de Cuernavaca; y la garantía de honestidad suficiente en la fuerza policiaca para alcanzar su operatividad en beneficio de la paz y seguridad de la ciudad y la región.

Si bien existen modelos nacionales para impulsar la confiabilidad de las policías locales, fundados básicamente en la aplicación constante de los exámenes de control de confianza, y Cuernavaca los ha cumplido con suficiencia; la probable contaminación de elementos policiales del municipio (y de otras demarcaciones), la aparente ineficacia en su actuación, y la sospecha cada vez más fundada de corrupción grave en las filas de la policía local, han demostrado que el modelo actual de revisión y supervisión de las policías es, por lo menos incompleto.

El propio alcalde Urióstegui Salgado se ha referido en diversas ocasiones a la necesidad de una supervisión mucho más constante (hasta permanente) sobre los elementos policiales en las que se incluyan no solo los exámenes de control de confianza, sino otros medios de revisión y control que permitan identificar probables casos de corrupción y riesgos de inoperancia de la fuerza cuando se requiere.

Porque si bien es muy probable que la mayoría de los elementos de la policía local sean mujeres y hombres comprometidos con la prevención del delito y la protección ciudadana, también es innegable, a la luz de evidencias e indagatorias, que hay también quienes por acciones u omisiones protegen a grupos delictivos, permiten la presencia de actividades criminales y hasta lesionan el interés y la economía ciudadana con actos de corrupción cotidianos.

El acuerdo logrado entre el alcalde y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano para no sólo aplicar exámenes de control de confianza a la policía municipal de Cuernavaca, sino también estudiar la implementación de otros mecanismos de control y supervisión del actuar de la policía municipal, es un experimento interesante en tanto se aplicaría a la segunda mayor fuerza policiaca del estado (la primera es la policía estatal); y podría replicarse a otras fuerzas que también han mostrado evidencias (muchas de ellas aún mayores) de vinculación con grupos delictivos.

Aunque aún estamos muy lejos de la implementación de ese nuevo modelo, el que existe la voluntad para su construcción es una buena noticia para la seguridad pública. Solo queda esperar que la revisión exhaustiva se aplique de forma rápida, honesta, y profesional, componentes urgentes para recuperar la confianza ciudadana.

La Jornada Morelos