Cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano confirmó la existencia de relaciones de segundo nivel de parentesco de integrantes de grupos delictivos con el actual alcalde, César Dávila Díaz, y el exalcalde, Rafael Vargas Muñoz, de Huitzilac, hizo más que confirmar lo que muchos en el municipio sabían desde hace muchos años: el poder político y el criminal en el municipio limítrofe entre Morelos y la Ciudad de México se han confundido hace mucho hasta prácticamente volverse uno solo.
Por supuesto que las solas relaciones de parentesco no deberían presuponer que el tío, primo o cuñado de un maleante debiera también serlo; pero la violencia política-criminal, la complicidad de funcionarios públicos en actos criminales, la protección obvia que desde estructuras políticas municipales se ofrecía a las actividades delictivas, y hasta la exhibición de poder que realizaban quienes ahora se sabe eran parientes del alcalde y exalcalde portando armas largas en las calles del municipio; restringe las posibilidades de aventurar más explicaciones a las obvias: por colusión, complicidad, encubrimiento, o ineptitud que lleva a omisiones, las autoridades municipales de Huitzilac favorecen la criminalidad en la región.
Las relaciones de parentesco son comunes en los pueblos de todo el mundo; en México, estos lazos suelen ser mucho más fuertes especialmente en las comunidades menos extensas. Con alrededor de 30 mil habitantes la probabilidad de encontrar relaciones de parentesco consanguíneo o por afinidad son altas; si se incluye el parentesco por costumbre (compadres, ahijados, etcétera), las posibilidades aumentan mucho. En los pueblos de México, las relaciones de parentesco no sólo construyen linajes familiares, también tejen redes de reciprocidades que se traducen en apoyos económicos, sociales, ideológicos, laborales, a través de los que se sostiene la organización comunitaria de los poblados.
Bajo esta lógica es imperante investigar la profundidad e implicaciones de las relaciones de parentesco entre los funcionarios municipales de más alto nivel en Huitzilac durante los dos últimos periodos, con presuntos integrantes de grupos criminales que, además, fueron detenidos en flagrancia cometiendo delitos por lo menos de posesión de drogas, armas, cartuchos útiles, explosivos y vehículos con reporte de robo.
Y la investigación no tendría que limitarse, por cierto, a Huitzilac; porque ese tejido de redes de poder político-criminal se ha ido estableciendo paulatinamente en otros municipios de Morelos, cuyos alcaldes o altos funcionarios mantienen relaciones de afinidad con generadores de violencia o personajes dedicados a actividades delictivas diversas; indagatorias que, por cierto, siguen en proceso en las instancias locales y federales y mediante las que se explicarían desde la cínica impunidad con que se conducen los grupos criminales en muchos pueblos y ciudades de Morelos, hasta el financiamiento a campañas políticas que convirtió a sujetos comunes y corrientes en aparentes líderes políticos invencibles en sus regiones.
Ya no se trata solo, como en la vieja época de la política mexicana se decía, de hermanos incómodos, de hijos favorecidos por los negocios gubernamentales; ahora se detectan redes extensas de reciprocidades criminales, económicas, políticas que han fastidiado a una población que ya no creía en la política ni en sus actores; pero ahora parece no estar dispuesta a soportarlos más.
