La reforma electoral que entró en vigor recientemente en Morelos, con la cual se amplía a 30 el número de diputadas y diputados en el Congreso local ha dejado intocado un punto fundamental que compromete la legitimidad del poder Legislativo: la reelección inmediata. El hecho de que se mantenga la posibilidad de que los actuales legisladores puedan aspirar a hasta cuatro periodos consecutivos, no solo revela una débil voluntad de cambio, sino que parece institucionalizar la mediocridad parlamentaria.
La reforma al artículo 24 Constitucional y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales se cuida de cumplir, con puntualidad jurídica, el tercero transitorio de la reforma federal publicada en abril de 2025, que prohíbe la reelección de legisladores a partir del proceso electoral de 2030. Hasta entonces, en Morelos se podrá reelegir, y varios ya se alistan para hacerlo. Cuatro diputados buscarían un tercer mandato consecutivo, y una más, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, va por el cuarto, todos ellos sin que haya señales contundentes de que su permanencia represente una mejora legislativa sustancial para el estado.
Esto nos enfrenta a una paradoja que merece atención: el principio de reelección inmediata fue concebido como un mecanismo de profesionalización y rendición de cuentas; sin embargo, en Morelos se ha convertido en una fórmula para perpetuar en el cargo a figuras que no siempre han estado a la altura de los desafíos. Lejos de reflejar una continuidad virtuosa, la posibilidad de repetir curul parece premiar el bajo desempeño.
Las últimas legislaturas han dejado mucho que desear: un pobre trabajo parlamentario, múltiples conflictos internos, escasa productividad y una relación con la ciudadanía basada más en el cálculo político que en el compromiso social. La resistencia a discutir y aprobar la despenalización del aborto, a pesar de los exhortos y sentencias de autoridades federales, evidencia el estancamiento legislativo. Esta omisión es particularmente grave, pues no se trata de un tema polémico más, sino de un asunto de derechos humanos y justicia reproductiva que no puede seguir relegándose por intereses partidistas o ideológicos.
No es el único caso. La modificación a la ley para incluir a personas con espectro autista tardó nueve años en aprobarse, y cuando finalmente se hizo, fue mediante una reforma anacrónica que terminó siendo impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su inconstitucionalidad. A ello se suman varios llamados de atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia el Congreso local, especialmente en materia de pensiones.
¿Es este el tipo de desempeño que justifica reelecciones hasta por cuatro periodos? ¿Qué mensaje se manda a la ciudadanía cuando se legisla pensando más en blindar privilegios que en corregir rezagos? La respuesta se encuentra en la percepción social de una representación desconectada de las verdaderas necesidades del pueblo.
La reforma electoral morelense, en lugar de representar un avance democrático, parece haber sido diseñada como un salvoconducto para asegurar la permanencia de quienes ya ocupan las curules. Y aunque se ampare en la constitucionalidad vigente, es políticamente cuestionable que se mantenga intacto un mecanismo de reelección que, en las condiciones actuales del Congreso local, opera más como condena que como promesa.
El Congreso de Morelos necesita renovarse no solo en número, sino en su compromiso, ética, y eficacia. Porque más que nuevas curules, lo que el estado necesita es una nueva clase política que esté a la altura de los morelenses.
