Algo en lo que prácticamente todas las corrientes del pensamiento económico actual coinciden es que los gobiernos no tienen la obligación de generar empleos y, de hecho, la mayoría de ellos consideran que las plazas que ofrece la burocracia deben ser las menos posibles. Pero también es una norma básica el que los gobiernos deben garantizar las condiciones necesarias para que los particulares generen plazas de trabajo formales y estables, o tengan las condiciones necesarias para emprender.
Hay varias formas para cumplir esta misión, desde un diseño de Estado mínimo, en que las fuerzas productivas se someten al imperio del mercado y sus vaivenes, lo que representa enormes riesgos especialmente para los primeros emprendedores y los sectores más débiles, y la falta de regulación a condiciones humanas perniciosas como la codicia; hasta los estados rectores en materia económica, que sin atender a los impulsos del mercado, imponen normas, estilos y hasta obligaciones de consumo, un modelo que ha probado reiteradamente su fracaso.
En el caso de Morelos, por lo menos los dos últimos sexenios, se había intentado otro acercamiento, aunque aparentemente no intencionado, una economía movida por todas las clases de corrupción posibles; en un ambiente que favoreció el aumento de la criminalidad, inhibió la producción y el consumo, y con ello también la generación de empleos. En una suerte de darwinismo económico sólo los más fuertes pudieron sobrevivir, aunque las vicisitudes golpearon a prácticamente todos.
El Estado fue omiso, por lo menos los últimos doce años, en sus obligaciones económicas, permitió el deterioro de la infraestructura y dejó lo mismo a las grandes empresas que a los pequeños productores, a las grandes cadenas y a los comerciantes en pequeño, en un abandono que costó por lo menos una década al desarrollo local.
Poco ayuda la idea de que Morelos tiene todo para salir adelante, una inexactitud que, si bien puede consolar a algunos en tiempos de crisis es trágicamente fallida cuando se traslada a la realidad. La idea de una cornucopia morelense permitió que el estado fuera saqueado, su sector productivo abandonado e incomprendido, y la generación de empleos y la pobreza se multiplicaran aún con el efecto positivo que tuvieron algunos programas que, a pesar de ser un pago de las deudas históricas del Estado con grupos vulnerables, se ubicaban más en la asistencia social que en el impulso económico.
Morelos tiene muchos privilegios en materia de geografía, vocaciones productivas, capacidad de su gente, pero todos ellos requieren del esfuerzo, trabajo y talento de los morelenses para ser aprovechados en cualquiera de sus grados. La acción del Estado como proveedor de infraestructura y seguridad es obligada bajo cualquier circunstancia, pero en el Morelos actual también es necesaria como apoyo a la coordinación del sector productivo, el desarrollo de alianzas económicas, la promoción a lo que hacen los morelenses todos los días y, sobre todo, a la regulación positiva de las fuerzas productivas para potenciar el aprovechamiento sustentable de los recursos del estado.
La administración de la gobernadora, Margarita González Saravia está apostando por ese modelo de coordinación con el sector productivo y dotación de seguridad e infraestructura. La idea es que el impulso que generan las alianzas económicas, facilitar las inversiones y el autoempleo, fortalecer los mercados locales y los nuevos canales de comercialización, permitirán que el sector productivo genere suficientes empleos de calidad en el mediano plazo. Un modelo nuevo que, en teoría debe funcionar y que empezará a dar resultados en este mismo año.
