La muerte por atropellamiento de una niña de tres años que vivía condiciones de explotación en la glorieta de La Luna en Cuernavaca, donde pedía “cooperaciones” a los automovilistas y choferes, volvió a alertar sobre las condiciones de enorme riesgo que padecen decenas de niños en situación de calle en todo el estado, víctimas de un sistema que abandonó a su suerte a los menores.
Debe reconocerse que, en el mejor de los casos el sistema ha sido incapaz de generar las condiciones más efectivas de protección de la niñez en situación de vulnerabilidad, y en los peores los ha abandonado a su suerte que es un ciclo de explotación y maltrato que los condena a la precariedad y fragilidad de la vida desde la infancia.
Las historias son muy parecidas, familias indígenas desplazadas por pobreza o violencia de estados o regiones en condiciones peores a las de Morelos llegan a las ciudades del estado y ponen a trabajar a los niños como limosneros, vendedores de chicles, limpiaparabrisas y otras actividades que igual los ponen en riesgo en los cruceros más transitados.
Desde el inicio de la actual administración, según reporta el sistema DIF Morelos, se hacen recorridos constantes por los cruceros y avenidas para hablar con los padres de familia “sobre los riesgos de exponer a sus hijas e hijos en la vía pública, señalando también que esta situación puede constituir omisión de cuidados”.
Pero la charla parece no tener resultados, tampoco las canastas alimentarias, ni la oferta de programas sociales. Las niñas, niños y adolescentes siguen siendo explotados en condiciones de riesgo.
El marco jurídico actual, por cierto, impide al DIF “resguardar de manera definitiva a infantes o adolescentes sin una orden judicial que los determine como víctimas de un delito”; y aunque probablemente cada uno de los menores en situación de riesgo esté siendo victimizado por sus cuidadores, las denuncias no llegan más que a redes sociales o piezas periodísticas eventuales donde se señalan los peligros.
El tratamiento del problema nunca ha sido el adecuado. Muchos sectores de la sociedad estarían tranquilos si la niñez, la adolescencia y los adultos en situación de calle fuera solo retirada de las calles y depositados en otro sitio; ha habido administraciones estatales y municipales que en el pasado atendieron así la demanda social.
Después de la tragedia del miércoles, el gobierno de Morelos ha reforzado las acciones de identificación de niñez y adolescencia en situación de riesgo en las calles y abrió espacios en el albergue familiar de Cuernavaca, donde ofrecerá comedor, baños, cuidados y trabajo social para garantizar el ejercicio de los derechos de esas niñas, niños y adolescentes, pero para que eso funcione requiere de la autorización expresa de sus tutores… o de un profundo cambio legal que tendría que debatirse en el más profundo análisis de los derechos y la protección de la infancia.
El tema sigue siendo difícil y, aunque debe reconocerse la determinación con que la gobernadora, Margarita González Saravia ha determinado e instruido atenderlo, el problema seguirá mientras las aparentes contradicciones de leyes que prometen proteger a las infancias, pero los dejan en manos de cuidadores explotadores lo permitan.
