Aunque seguramente ya la conocían, los secretarios de seguridad de todo el país fueron informados ayer de los alcances de la actualización al marco normativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un esquema de organización que, debe reconocerse, había sido rebasado hace años por la complejidad y los retos de la seguridad pública en el país.
En la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, se reconoció que, como estaba hasta el 16 de julio pasado, el sistema no era nacional, pues privilegiaba la visión individual de los problemas de seguridad, impidiendo darles una perspectiva integral; la burocracia excesiva en los procesos de coordinación dificultó la acción conjunta y ágil de las instituciones de seguridad, y no se consideraba la necesidad de un estado de fuerza policial adecuado, además de no atenderse las condiciones laborales, capacitación equipamiento y bienestar de las policías locales.
Otro tema que se tocó, aunque de soslayo fue el de la ineficiente gestión de los recursos federales para la seguridad en los estados y municipios. En el caso de Morelos, parte de la crisis que el estado sigue padeciendo en la materia, tuvo su origen en el uso irregular, indebido o ineficiente de los fondos federales que se destinaron al gobierno del estado y los municipios durante las gestiones de los exgobernadores Graco Ramírez Garrido y Cuauhtémoc Blanco Bravo.
En el plano local, estas faltas, junto con la escasa atención que se puso a las causas de la violencia y a las acciones de inteligencia para reforzar la prevención y el combate al delito, derivaron en deficiencias que dañaron infraestructura millonaria, como la del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5); menguaron equipamiento, como las compras irregulares de chalecos protectores y uniformes; y en general operaron en detrimento de la prevención del delito.
El nuevo esquema de funcionamiento para el Sistema Nacional de Seguridad Pública plantea justamente un nuevo modelo en la gestión de recursos federales para volverla más eficiente, pero también un nuevo modelo de vigilancia de los fondos de ayuda federal; que, en Morelos, por cierto, representan la mayoría de la inversión en la materia que realizan el gobierno estatal y los ayuntamientos.
Otros cambios relevantes son el diseño de políticas públicas conforme a los lineamientos de seguridad nacionales, el establecimiento de estructuras homologas mínimas obligatorias para las secretarías de seguridad, la alimentación en tiempo real del Sistema Nacional de Información, y la certificación de los centros de comando y control.
Este último punto será básico en el fortalecimiento de la seguridad pública en todo el país porque permitirá homologar en sistemas y compatibilidad tecnológica a los centros de comando y con ello el intercambio inmediato de información entre los mandos policiales de la federación, los estados y los ayuntamientos que los tengan.
Otro aporte será el fortalecimiento de las unidades de investigación, para lo que muchas entidades, entre ellas Morelos, deben modernizar su marco legal para reforzar las acciones de inteligencia que se pueden realizar a partir de la actividad policiaca.
Por supuesto que, en todo ello, hace falta la voluntad política de las autoridades y la determinación y trabajo de los cuerpos policiacos. En Morelos, la primera aduana ha sido salvada en el Ejecutivo estatal y casi todos los ayuntamientos, y se sigue trabajando en la segunda con la depuración paulatina de las fuerzas policiales.