Pese a que las cifras oficiales muestran una disminución en las denuncias por corrupción de menores en México —pasando de mil 307 en 2023 a 908 en los primeros cuatro meses de 2025—, la violencia contra la niñez sigue siendo una herida abierta y profunda. Se trata de vidas rotas, de infancias truncadas por el abuso, la negligencia o la explotación. Cada caso registrado representa no solo una estadística, sino una historia marcada por un dolor que muchas veces es silenciado.
En el estado de Morelos, se han contabilizado 14 denuncias entre enero y abril de este año, una cifra que, aunque menor en términos absolutos, debería preocuparnos pues un solo caso es demasiado. No es la cantidad, sino por lo que revela: la existencia persistente de contextos de vulnerabilidad, entornos inseguros y una red institucional que aún no alcanza para proteger plenamente a niñas, niños y adolescentes. Y no hay que perder de vista el dato de que el 63 por ciento de las víctimas son mujeres pues la situación se agrava con violencia de género que amerita propuestas específicas.
Fernando López, consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Morelos, lo advierte con claridad en la nota de Angélica Estrada que se publica más adelante: una tendencia descendente no significa una victoria. A menudo, las cifras bajan no porque el delito ceda, sino porque la denuncia no llega. Ya sea por miedo, por falta de confianza en las autoridades o por la normalización de ciertas conductas, muchos casos permanecen ocultos en el silencio de los hogares, escuelas y comunidades.
Por el momento las cifras nos pueden dar pie para reflexionar sobre este problema, si bien es posible que la baja en las denuncias responda a una deseable menor incidencia de delitos, también existe una posibilidad inquietante: que haya menos denuncias, pero no necesariamente menos delitos. La violencia infantil, particularmente aquella ejercida en el entorno familiar, es de las más difíciles de identificar y de denunciar.
En muchos casos, el estigma recae injustamente sobre la víctima, lo que inhibe la denuncia. A esto se suma la desconfianza hacia las instituciones responsables de procurar justicia e investigar delitos, alimentada por el elevado índice de impunidad que caracteriza al sistema judicial mexicano. Cuando la ciudadanía percibe que denunciar no llevará a nada —o peor aún, que puede exponer aún más a la víctima—, el silencio se impone como única estrategia de protección. Esta realidad distorsiona las estadísticas y nos obliga a ir más allá de los números.
Es indispensable mejorar los mecanismos de registro y análisis de datos, tal como propone López. Sin información clara y contextualizada, las políticas públicas seguirán dando palos de ciego, y, al ser meramente reactivas serán ineficientes pues el daño ya se habrá hecho.
En este sentido, el uso de recursos como el “violentómetro” puede ser una herramienta para concientizar a la sociedad sobre los primeros signos de violencia, muchos de los cuales suelen disfrazarse de disciplina, cariño o normas familiares. La sensibilización comunitaria —en escuelas, barrios, redes sociales— de lo que es y cómo se manifiesta el abuso, también debe formar parte de una estrategia más amplia que ponga en el centro el derecho a una infancia libre de violencia de cualquier tipo.
Denunciar salva vidas, como bien lo enfatiza el consejero López. Pero también salva dignidades, futuros, esperanzas. Morelos puede ser pionero en políticas públicas centradas en la niñez, en la educación emocional y en la reconstrucción del tejido familiar. Pero, en tanto cambiamos profundamente a nuestra sociedad, la prevención, el seguimiento de los casos y la detección de cualquier síntoma de pueda indicar abuso infantil, deberá ser una labor permanente, pues lo que está en juego no es solo una cifra o una estadística en un reporte oficial.
