Aunque por sí misma la juventud no es un valor sino una potencia, debe reconocerse que en el caso de la Fiscalía General de Morelos puede resultar en la bocanada de oxígeno que la institución requería para activarse después de años de anquilosamiento.
La Fiscalía General del Estado de Morelos es una institución muy joven, creada en el 2014 y dotada de autonomía en el 2018, suplió a la antiquísima y muy cuestionada Procuraduría General de Justicia, cuyas historias de corrupción, vinculación con grupos delictivos, tortura y otras violaciones gravísimas a los derechos humanos construyeron décadas de historias de terror.
La conversión de Procuraduría a Fiscalía suponía poner a cargo del nuevo órgano la representación y defensa de los intereses de la sociedad a través de una moderna y científica investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales bajo los principios de legalidad, imparcialidad, probidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, confidencialidad, lealtad, responsabilidad y transparencia. Pero lo mismo que heredó activos y personal de la extinta procuraduría, la Fiscalía General del Estado recibió muchos de los vicios que volvieron a la Procu una dependencia terrorífica y opuesta a los principios que se suponía la dirigieran.
Era totalmente previsible porque la mayor parte del personal de aquella Procuraduría permaneció, algunos continúan, ejerciendo en la Fiscalía General del Estado, lo mismo elementos de trayectoria impecable, que muchos contaminados por el contacto frecuente con delincuentes de cualquier ralea.
Poco ayudaron a mejorar la falta de recursos inicial y la posterior canalización ineficiente de los mismos. La formación y capacitación del personal fue escasa, la inversión en tecnologías para la investigación científica y profesional de los delitos también fue limitada, en cambio de privilegiaron prácticas como la contratación de personal por honorarios sin funciones claras en la dependencia, gastos ornamentales y, según múltiples versiones, hasta el pago de cuotas a políticos que defendían al fiscal Uriel Carmona Gándara.
El rezago en carpetas de investigación es impresionante. Solo en la Fiscalía Metropolitana se acumulan 90 mil indagatorias pendientes, la mayoría de ellas por delitos como violencia intrafamiliar y robos, pero también hay decenas de investigaciones de homicidios dolosos, feminicidios y otros delitos de alto impacto que se dejaron de atender durante el periodo del fiscal Uriel Carmona Gándara.
Por si eso fuera poco, durante ese periodo aún se mantuvieron, de acuerdo con múltiples denuncias, prácticas como la tortura para obtener confesiones con las que se suplía la investigación científica de los delitos. Las violaciones a los derechos humanos eran tan frecuentes que muy probablemente hayan contribuido en el mediano plazo al incremento de la impunidad en Morelos, que alcanza aún índices de 95 a 97% en delitos graves.
A la llegada del nuevo fiscal, Edgar Maldonado Ceballos, empezó una limpia de mandos superiores y medios. Entre los muchos valores que se exigieron al nuevo grupo de funcionarios están la honestidad, la preparación y el compromiso con las técnicas de investigación, el respeto y acompañamiento a las víctimas, y los derechos humanos. Esta filosofía debe permear a todo el funcionariado y mucho ayudará a eso la renovación paulatina de elementos en las agencias de Investigación Criminal, Ministerio Público, y en el cuerpo de Peritos, cuyos cursos comenzaron ayer con los mejores augurios.
Si los buenos deseos se cumplen, pronto la procuración de justicia en Morelos podrá menorar sustancialmente.