El desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas en Huitzilac es una buena noticia que viene acompañada por la confirmación de una horrible certeza. El que dicha instalación haya podido funcionar durante cinco años muestra que las sospechas que desde los gobiernos municipales y estatal de Morelos se protegían, activamente o por omisiones, operaciones delictivas diversas resultan más que fundadas, ciertas.
El caso del laboratorio que fue asegurado el martes no es el único, igual que ese sitio, otro fue desmantelado hace poco en Yautepec; se han clausurado siete aserraderos clandestinos en Huitzilac; la Fiscalía General de Morelos ha detectado casi una decena de tiendas que servían como centros de distribución de drogas al menudeo; en algunas zonas de Cuernavaca y otros municipios las cámaras de videovigilancia están mal orientadas, desconectadas o de plano no existen facilitando que los criminales se evadan; por lo menos una decena de alcaldes designó a mandos policiales que no cumplieron con exámenes de control de confianza y en anteriores trienios este instrumento de evaluación ni siquiera se utilizaba; todos estos fenómenos solo pueden explicarse por algún grado de colusión de las autoridades municipales y de pasadas administraciones estatales, con grupos delictivos.
Así se explica que la mitad de los ayuntamientos de Morelos están bajo investigación por presunta colusión con criminales; que las policías de Cuernavaca, Temixco, Huitzilac, y otros municipios estén en fase de profunda depuración a la que seguirán otros ayuntamientos como Cuautla; que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Ejército se hayan involucrado en la selección de mandos policiales de diversos ayuntamientos; y que se plantee desde las cabezas de los tres poderes la urgencia de sacudir la corrupción y la probable complicidad o protección a delincuentes.
No se trata de un asunto nuevo, por lo menos desde hace una década se advertía de la contaminación en los ayuntamientos de Morelos, fue una advertencia de algo que llevaba varios años pasando y a la que poca atención se puso más allá del escándalo mediático de entonces. Así, el problema siguió creciendo durante los años siguientes hasta llegar, en el 2024, a los mayores grados de violencia, inseguridad e impunidad de que se tenga memoria en Morelos.
La sociedad civil, esa que pudo en 1997 generar la presión suficiente para lograr la renuncia de un gobernador porque sus mandos policiales resultaron involucrados con bandas criminales, observó toda una década silente cómo se contaminaban las instituciones de justicia, las fuerzas policiales, los cabildos, las presidencias municipales y hasta los despachos del gobierno estatal. Cierto que mucho de la inacción ciudadana fue por temor a ser víctimas de la violencia, pero debe reconocerse que no pocos dirigentes “sociales” construyeron carreras políticas denunciando la inseguridad mientras pactaban con los delincuentes.
Es una buena noticia que la administración estatal tenga una estrategia de seguridad eficiente que permite la captura de generadores de violencia, el desmantelamiento de grupos criminales y sus instalaciones, y que no está dispuesta a pactar ni a favorecer por omisión a ninguna banda delictiva. Mucho mejor será que se castigue eventualmente a todos quienes desde el poder público permitieron la operación impune de los criminales y hasta, muchos de ellos, se enriquecieron y ganaron elecciones en oculta complicidad con ellos.
Esa es la parte que falta para cerrar el círculo y que se haga realidad la promesa del gobierno estatal de que en Morelos no hay intocables.
