Difícilmente habrá alguien en Morelos que esté satisfecho con los resultados en materia de seguridad pública en las últimas dos décadas. Las erradas estrategias para la construcción de la paz y el combate al crimen permitieron el crecimiento exponencial de la incidencia delictiva; pero también hubo mucho de complicidad, omisiones y actos de corrupción desde las instituciones de seguridad tanto municipales como estatales.
La inversión inteligente en tecnologías para la seguridad pública y, peor aún, la falta de mantenimiento de las pocas con que se contaba dejó al estado indefenso ante una criminalidad que se convirtió en una especie de perpetuo tsunami victimizando a la mayoría de los morelenses.
El uso legítimo de la fuerza del estado como único recurso contra los grupos delictivos resulta insuficiente frente a la dimensión del problema. La atomización de las agrupaciones criminales, la diversificación de sus operaciones delictivas, la colusión de elementos policiales y otras condiciones provocan que la fuerza del Estado se vea limitada para proteger a la ciudadanía. Incorporar la inteligencia y la tecnología son imperativos para la actuación policial desde hace muchas décadas en el resto del mundo y Morelos, aunque llega algo tarde a la cita, lo está haciendo de forma contundente.
La puesta en marcha de los primeros once arcos de videovigilancia en las carreteras del estado, junto con 158 cámaras en puntos estratégicos y ocho centros de Comando y Control (C2) municipales, es una muestra de la apuesta por la tecnología. No se trata de la primera, la rehabilitación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) estatal, y de cientos de cámaras de videovigilancia y otras herramientas tecnológicas como drones y lectores de placas vehiculares; antecedieron a los arcos carreteros, y ya sumados muestran un despliegue tecnológico que ayudará sin duda a la prevención y persecución de los delitos.
Otro aporte de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia es la inteligencia como una función de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la acumulación de datos a partir de miles de horas de videovigilancia recogidas por las cámaras en las calles y carreteras; la observación puntual y efectiva de conductas sospechosas y repetidas; el trazo de mapas y diagramas de operaciones delictivas, el intercambio de información con otras fuerzas del orden, aunque aún se trata de una práctica moderada ha permitido ya la captura de grupos dedicados al robo de automóviles, la extorsión, el narcomenudeo y otros delitos que eran comunes en el estado y crecían en una dolorosa impunidad.
Cierto que falta mucho por hacer y que las respuestas de los grupos delictivos a la mayor efectividad policial para perseguirlos son siempre violentas y buscan sembrar miedo en la ciudadanía y las autoridades; pero las bases están sentadas para una gestión más efectiva de la seguridad pública en el estado; una que contenga y disminuya de manera drástica, veloz y efectiva, la incidencia delictiva en el estado.
La inversión en tecnología continuará no solo porque es lo racional para combatir el delito; sino porque los resultados comienzan a avalar el esfuerzo presupuestal que se hace desde los gobiernos federal y estatal, y también en algunos ayuntamientos.
