El cálculo de emisiones de dióxido de carbono para un microbús en condiciones óptimas al transitar la ruta directa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a Chipitlán, uno de los trayectos más comunes, es de por lo menos 25 kilogramos considerando el transporte de 30 pasajeros. Esto sin contar las paradas (los arranques suelen producir más gases) ni el mal estado general de las unidades del transporte público que circulan en el estado.
De hecho, el transporte en México es la segunda fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero solo superada por la generación de energía eléctrica. Los comités de expertos consideran que la descarbonización del trasporte, iniciando por el público de pasajeros, podría lograr abatir hasta en 29 por ciento las emisiones y con ello lograr frenar en el mediano plazo los efectos del calentamiento global.
Conforme al gasto en combustible diario que dicen tener las unidades de transporte colectivo en Morelos (alrededor de dos mil pesos) las emisiones de dióxido de carbono oscilarían entre 196 y 208 kilogramos diarios; es decir, entre 71.5 y 76 toneladas anuales por unidad de transporte, dato que puede ser mucho mayor en vehículos con malas condiciones mecánicas o de manejo. Además, debe considerarse que el transporte público libera contaminantes como material particulado y otros Gases de Efecto Invernadero.
Las rutas, entonces sí contaminan, y mucho.
Frente a estos datos, asegurar, como lo hace el dirigente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, que el transporte colectivo en Morelos no contamina entraña una enorme irresponsabilidad, mucho mayor, tal vez, a la insistencia de incrementar en 50% las tarifas del servicio colectivo a los usuarios.
Los dirigentes del transporte se colocan, con la representación de Rivera Jaimes en una posición de villanos absolutos. No solamente amenazan y hasta intentan extorsionar al gobierno estatal para obligarlo a autorizar un incremento a las tarifas a cambio de no bloquear la capital del estado. Además, se rehúsan a la verificación vehicular y la revista mecánica, y aseguran que si sus unidades producen contaminación es culpa de quienes se las han vendido o quienes producen el combustible.
La combinación de irresponsabilidad, ignorancia y cinismo impide admitir que el transporte colectivo en Morelos generaría alrededor de 150 mil toneladas de dióxido de carbono, y miles de toneladas de otros contaminantes cada año; que ese aporte es uno de los mayores contaminantes en el estado y que es responsabilidad primero de los prestadores del servicio contener su efecto pernicioso en el medio ambiente y la salud pública de Morelos.
La negativa de los concesionarios a cumplir con las obligaciones que la responsabilidad social, pero también la ley, les imponen, tendría que ser un elemento suficiente no sólo para negar cualquier posibilidad de incremento a las tarifas, sino también para el retiro de las concesiones dado el riesgo que representan para la salud, la vida y (ahora también) la paz social en el estado.
Por supuesto que debe dudarse que las palabras de Rivera Jaimes representen a todos los transportistas del estado. Sobre todo, considerando que buena parte del sector parece dispuesto a transitar a un esquema de transporte moderno, menos contaminante y más seguro. Pero con esos líderes transitar hacia ese nuevo modelo será extraordinariamente difícil.