El del transporte público en Morelos es un tema muy complejo, entre otras cosas por la añeja desatención que permitió vicios y círculos de corrupción a cuyo amparo se construyeron fortunas de dirigentes y funcionarios públicos. El abandono permitió el crecimiento silvestre del sistema de rutas, taxis y otros vehículos de alquiler bajo una estructura permisiva dominada por intereses económicos y políticos. Este esquema produjo el deterioro, en un principio paulatino y luego acelerado de las unidades, la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios, pero también de la legitimidad de las autoridades responsables del transporte. Así, los transportistas podían ejercer cualquier mecanismo de presión y los gobiernos cedían.
Y aunque no se dice mucho, gran parte de la debilidad del gobierno se debía a la falta de un programa de transporte público que, tomando en cuenta los legítimos intereses de los concesionarios y trabajadores, pero también de los usuarios, la ciudadanía y al medio ambiente y la eficiencia en movilidad, se presentara como alternativa al esquema que aún pervive en Morelos.
Las tarifas del transporte en Morelos están en el rango medio respecto al resto del país: cierto que la mínima en el estado ha sido diez pesos desde el 2021 (aumentó 25% en plena pandemia), pero también debe concederse que hay estados donde la tarifa es menor y el servicio bastante mejor que el ofrecido por unidades destartaladas y choferes incautos como el que dan las rutas en el estado.
Los usuarios del sistema colectivo morelense han rechazado cualquier posibilidad de incremento.
Primero, porque afectaría aún más a su economía; una familia de cinco miembros que vive con el salario mínimo gasta el 36% de su ingreso en un transporte que, además, no ofrece las garantías mínimas de seguridad y eficiencia. Cierto que el incremento a los mínimos a partir de la próxima quincena reducirá esa proporción a 32%, aún excesivo. Pero de concederse el incremento deseado por los dirigentes del transporte (de 10 a 15 pesos la tarifa mínima), la proporción de gasto en transporte diario para esa misma familia de cinco integrantes representaría el 47.6% de su ingreso. Los expertos, por cierto, sugieren gastar entre 10 y 15% del ingreso familiar en transporte.
Segundo, porque las condiciones del servicio son pésimas y representan un riesgo permanente a la salud, la seguridad y hasta la vida de los usuarios. ¿Cuánto cuesta a una familia atender las lesiones que cualquiera de sus miembros sufre por transporte en mal estado; malas prácticas de los choferes en el ascenso o descenso de los pasajeros; accidentes viales; asaltos y otros tipos de maltrato cotidianos?
La mejora del transporte colectivo no tendría que condicionarse al aumento de la tarifa. De hecho, lo que ha quedado demostrado es que el modelo actual de negocio en el transporte público resulta ya obsoleto; lo que vuelve urgente repensarlo para ofrecer opciones de mejor calidad y menor costo.
El nuevo modelo de transporte que se plantea desde el gobierno estatal, unidades eléctricas, cablebús, impulso a la micromovilidad, (aún incompleto porque tendría que incluir el rediseño de derroteros y el retiro definitivo de unidades viejas, contaminantes, inseguras y mal conducidas), ofrece al gobierno estatal la posibilidad de replantear el servicio colectivo bajo un esquema centrado en los usuarios.
La negativa del Ejecutivo estatal a conceder el incremento al transporte colectivo tiene el respaldo de los usuarios y la ciudadanía. Pero la transición a un modelo más eficiente y seguro y menos contaminante debe comenzar de forma inmediata, generando consensos con los concesionarios, pero sin ceder nunca a los chantajes que llevaron a la realidad que hoy padecen los morelenses.
