La Comisión de Derechos Humanos de Morelos es contundente cuando afirma que la criminalización del aborto voluntario es una forma de “instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres” al privarlas de la autonomía de decisión sobre su propio cuerpo. El argumento garantista se suma a muchos otros en materia de derecho y salud pública que se han utilizado para promover con justicia la legalización del aborto.
Este miércoles, por tercera vez colectivas feministas acompañadas por la comisión y el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos presentaron la iniciativa que busca no sólo la despenalización, sino la legalización del aborto. La distinción es fundamental porque quitar el castigo penal a la interrupción voluntaria del embarazo no es suficiente para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Legalizar el aborto, en cambio, supone dar a las mujeres las facilidades requeridas para tomar esa decisión, lo que incluye necesariamente el que el Estado proporcione el servicio de forma segura, gratuita y que garantice el fácil acceso, lo que implica modificar no solo el Código Penal para el Estado de Morelos, sino también la Ley Estatal de Salud y revisar otros ordenamientos que pudieran servir como pretextos jurídicos para negar, limitar o aplazar los procedimientos.
Legalizar el aborto, por ejemplo, supone que las instituciones médicas del Estado tendrán recursos materiales y humanos suficientes y dispuestos para asistir a las mujeres gestantes en el ejercicio de su voluntad lo que significa, necesariamente considerar la contraposición de otro derecho, este profesional, el de la objeción de conciencia, que tendría que ser previamente enunciada de forma que permita contar en todos los espacios habilitados para la práctica del aborto, personas no objetoras.
Otro reto que deberá ponerse en la mesa desde la discusión y perfeccionamiento que los diputados deberán hacer de la iniciativa presentada, está en la no siempre eficiente atención médica que deriva en casos de violencia obstétrica, falta de acceso a los servicios, y otros retos que tiene el sector salud de Morelos en materia de atención de las personas gestantes; el sistema de problemas pasa por deficiencias e insuficiencias en la infraestructura médica; la capacitación del personal de atención -particularmente en materia de trabajo social-; el limitado acceso a información sobre los procedimientos; y la común violación de los derechos de los pacientes y sus familiares.
Los asuntos no son menores, si el cálculo de las colectivas feministas es correcto y hay alrededor de mil mujeres morelenses al año que van a otros estados a practicarse abortos, la demanda del procedimiento en Morelos tendría un promedio de casi tres diarios, lo que sin duda genera un reto mayor para el sector salud en el estado.
Una legislación mucho más ambiciosa pasaría también, hay que decirlo, por el establecimiento de mecanismos para frenar el abuso sexual, particularmente el que se comete en contra de niñas y adolescentes, una realidad palpable y poco denunciada y perseguida en Morelos, de forma que la protección del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo se presente en todo momento de su vida.
La LVI Legislatura, a diferencia de sus dos antecesoras, parece tener una conformación que favorecería la aprobación de la iniciativa que legaliza el aborto, aunque se esperaría una revisión puntual con las instancias de protección a las mujeres y el sector salud para enriquecer la ley y que por fin se reconozca el derecho de las morelenses a decidir sobre su cuerpo en las condiciones de seguridad y protección suficientes para ejercer esa garantía.
