La buena señal es que, salvo el Poder Judicial que parece abstraído de la realidad de Morelos por sus propios problemas, los órganos autónomos, el Ejecutivo y el Legislativo parecen ir en serio en la urgente tarea de evitar la corrupción y sancionar la que se presentó en el pasado inmediato, más exactamente, en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Los primeros días de la nueva administración estatal han estado marcados por señalamientos directos de corrupción en diferentes grados, desde no presentarse a la entrega-recepción, hasta complicidades con grupos delictivos al interior de las cárceles. A ellas habría que sumar las que se habían hecho ya desde el Congreso de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por mencionar solo algunas, que hacen eco de las quejas ciudadanas en torno a lo que cada vez más parece un intrincado sistema de deshonestidad en el servicio público que operaba por lo menos en las áreas de Seguridad Pública, Desarrollo Agropecuario, Movilidad y Transporte, Oficina de la Gubernatura, Educación y Salud.
La disposición de Ejecutivo, Legislativo y órganos autónomos a que las prácticas corruptas no se repitan y a sancionar a los responsables de ellas en la administración del exgobernador, es loable, aunque podría inquietarnos que salvo en uno de los casos, el de Desarrollo Agropecuario, parece haber coordinación entre el Ejecutivo y la Fiscalía Anticorrupción en una investigación que probablemente pudiera enriquecerse mucho con el aporte de los resultados que entregue el Legislativo a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que ya revisaba con carácter de especial el uso de los recursos en la dependencia.
Dadas las similares intenciones en el combate a la corrupción, probablemente sea tiempo de que se restablezca el Sistema Estatal Anticorrupción, o un esquema de colaboración interinstitucional equivalente, que permitiera hacer pesquisas más integrales, y por lo mismo, efectivas, sobre las conductas ilícitas de los servidores públicos. Un esquema tal serviría también para identificar los modus operandi, cada vez más complejos en que opera la corrupción y trabajar en aquellas lagunas legales o reglamentarias que permiten las malas conductas del funcionariado.
Las buenas intenciones han probado ser insuficientes para erradicar las malas prácticas del gobierno, se requiere mucho trabajo y especialmente la coordinación de esfuerzos para que las medidas que garanticen la honestidad gubernamental sean suficientes y los castigos a quienes cometen delitos en la función pública resultan ejemplares.
El carácter de la gobernadora, Margarita González Saravia; del fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, de la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, Andrea Gordillo Vega, pueden renovar la confianza de la ciudadanía en que se pueden tener gobiernos honestos, pero la coordinación entre los tres sin duda abonará mucho a dar claridad a cada caso de corrupción de la administración anterior, y a sancionarlos como es debido.
Sin ese trabajo conjunto se corre el riesgo de que los muchos esfuerzos sean insuficientes para el tamaño del problema.
