¿De qué tamaño serán las irregularidades que dejaron los colaboradores del exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, que las investigaciones sobre ellas, y las consecuencias administrativas y probablemente penales empezarán a conocerse hasta enero próximo?
La promesa de la gobernadora, Margarita González Saravia se mantiene desde antes de que rindiera protesta en octubre pasado: su administración no será omisa en la denuncia y búsqueda de castigo y reparación de los casos de corrupción que se detecten, cinco de ellos ya con algunos anticipos oficiales: la representación del gobierno de Morelos en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Comisión Estatal del Agua, el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo y la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el área de reclusorios.
A esos expedientes se sumarán otros, que han sido delineados por los titulares de áreas como Movilidad y Transporte, Turismo, Desarrollo Económico, el DIF Morelos; y más en los que las denuncias vienen desde fuera y no han sido descalificadas por sus nuevos titulares, como el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).
En caso de que, además de los actos de corrupción, la administración de Margarita González Saravia decidiera perseguir también todas las omisiones, la hilera de expedientes jurídicos y administrativos sería en extremo larga, porque como la propia gobernadora acusó en su conferencia de prensa de este lunes del trabajo que de quienes le antecedieron “no veía nada”, ni ella ni la mayoría de los morelenses que fueron agraviados por un sexenio de corrupción e indolencia gubernamental.
Para quienes esperan sanciones contra quienes cometieron múltiples actos de corrupción en la administración de Cuauhtémoc Blanco, el tiempo que se están tomando los colaboradores de la gobernadora en revisar cada expediente puede ser una buena noticia. Se trata de que las indagatorias sean tan sólidas que resulte imposible escapar de ellas por un tecnicismo, para lo que hace falta no sólo que se indague con tiempo y profundidad, sino también que la Fiscalía Anticorrupción del estado tenga los elementos necesarios para procesar las denuncias y que los juzgadores no cedan a probables presiones de grupos políticos que impidan hacer justicia en cada uno de los casos.
Se trata de conseguir procesos plenos que permitan, sin lugar a duda ni pretexto alguno, sancionar a los responsables de cada desfalco a las arcas del estado, de cada abuso de poder, conflicto de interés, tráfico de influencias y otras irregularidades cometidas por quienes se suponía servirían a la ciudadanía. Porque las experiencias de casos que fueron mal enfrentados en el pasado enseña el desgaste que puede significar para cualquier gobierno permitir por complicidad o ineptitud la impunidad de los malos funcionarios que le antecedieron.
Por supuesto que resulta muy difícil pedir paciencia a una sociedad hambrienta de castigo a quienes la agraviaron por seis años, especialmente si en casos anteriores, como los de la administración de Graco Ramírez, se permitió la impunidad, pero no debe olvidarse que mucho de ello vino por el desaseo con el que fueron manejadas las investigaciones, un error que la gobernadora no puede permitirse.
Así que, si la espera resultará en investigaciones más efectivas que logren el castigo a los responsables y la reparación de por lo menos una parte del daño que causaron al estado, bienvenida, solo esperamos que el tiempo extra no les permita evadir la acción de la justicia.
