Si hay un pecado social cuya responsabilidad compartimos casi todos es la histórica invisibilización en que se había mantenido a cualquier grupo que pudiera, desde su condición de diferencia o vulnerabilidad, provocar algún dolor o mover a la reflexión de las mayorías. Así explicaron los estudiosos de la sociedad el ocultamiento de personas y grupos sociales a través de toda la historia de la humanidad. Esa reclusión contribuyó a múltiples formas de discriminación algunas de ellas motivadas por miedos u odios irracionales, pero otras más por la simple ignorancia respecto de las condiciones de las diferencias entre los seres humanos.
Conviene recordar este origen para entender entonces el fracaso de las políticas de inclusión que desde hace varias décadas se han intentado en el Estado Mexicano particularmente con los grupos de personas con discapacidad. La invisibilización de que fueron objeto durante prácticamente toda la historia evitó que se entendiera que las condiciones de discapacidad son diferentes por lo que requieren tratamientos y soluciones diversas. Poner rampas en vez de escalones para el tránsito personal ayuda solo a quienes están obligados a usar sillas de ruedas, pero no beneficia en nada a los ciegos o sordos; sin embargo, para muchos ayuntamientos en el estado y el país, la sola colocación de rampas se considera una medida de inclusión suficiente con la que pueden dormir tranquilos quienes ignoran prácticamente todo sobre el tema.
Como anécdota, un secretario de Salud hace unas décadas presumía la “extraordinaria” rampa que había colocado para el acceso a un hospital de Cuernavaca; su orgullo se esfumó cuando en el acto inaugural de la “facilidad”, tres personas en silla de ruedas le pidieron que intentara subir esa pronunciadísima pendiente. Tanto el secretario como sus colaboradores fracasaron sin importar los intentos que hicieron. No se había considerado preguntar a nadie que utilizara silla de ruedas la forma más cómoda o la pendiente ideal para el ascenso.
Por eso es tan importante el que las personas con discapacidad hayan tomado ayer la principal plaza de Morelos frente a la gobernadora, Margarita González Saravia, y parte de su gabinete. Cada uno de ellos pudo demostrar los obstáculos que debe superar diariamente para llevar lo que otros consideramos una vida cotidiana.
Conocer el tamaño del problema puede reorientar las políticas públicas y empezar a volver una realidad el ideal de inclusión de las personas con discapacidad y permitir a la sociedad saldar la histórica deuda que tiene con quienes ha marginado y hasta defraudado con políticas públicas insuficientes o de plano inútiles.
En el Congreso comenzó a discutirse sobre la creación de un órgano para la atención de personas con discapacidad, aunque parece una propuesta bien intencionada probablemente sería insuficiente para el tamaño del reto que significa la inclusión. Lo urgente son políticas transversales que obliguen a la adaptación de las ciudades, poblados y hasta del campo para ser accesibles a cualquier discapacidad, temporal o definitiva.
Esto incluye, necesariamente, los aspectos de movilidad, y accesibilidad, a la educación, empleo, servicios de salud, deporte, cultura, entretenimiento. Todos ellos deben ser garantizados no solamente por el gobierno federal, que ha iniciado ya la tarea con la pensión para personas con discapacidad y la obligación gubernamental de trabajar por su habilitación y rehabilitación, especialmente de los menores de 18 años; y el estatal que promueve ya también políticas públicas transversales que favorecen la inclusión; sino también por los ayuntamientos, responsables directos de condiciones tan simples y al mismo tiempo vitales como garantizar la movilidad y accesibilidad.
