La violencia y el desorden asociados al consumo desmedido de alcohol no son un problema nuevo en Morelos, pero sí uno que se ha normalizado peligrosamente. El reciente asesinato y la agresión armada ocurridos en un expendio de bebidas alcohólicas en la capital del estado vuelven a poner sobre la mesa una verdad incómoda: mientras no existan regulaciones efectivas en los horarios y condiciones de venta, y mientras estas no se hagan cumplir con firmeza, el riesgo para la población permanecerá y podría seguir creciendo.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, ha señalado lo que todos sabemos y pocos quieren enfrentar: muchas agresiones, riñas y hechos de violencia —incluso con armas de fuego— se originan en espacios donde el alcohol se consume sin control y se consigue sin mayor problema, a menudo en plena vía pública, en inmediaciones de tiendas abiertas de madrugada o, incluso, en canchas deportivas que deberían ser espacios para la convivencia y no para la embriaguez colectiva.
La responsabilidad de revertir esta situación recae, en gran medida, en los municipios. No basta con exhortos ni llamados a la “moderación ciudadana”. Es imprescindible que cada ayuntamiento revise su marco normativo y establezca horarios claros para la venta de alcohol, sanciones para quienes los incumplan y operativos que garanticen su cumplimiento cabal. El ejemplo de Tepoztlán demuestra que sí es posible: la acción coordinada y la clausura de expendios irregulares han reducido los incidentes violentos en ese municipio, como reconoció el propio Urrutia.
El problema es que el establecimiento de horarios y hasta leyes secas son soluciones que ya se han probado desde hace décadas y nuestra realidad actual demuestra que de nada sirven si los cuerpos de seguridad y los gobiernos no asumen su responsabilidad de hacerse obedecer, tanto por los bebedores como por los expendios.
En las regulaciones no solo debería existir el verbo “prohibir”, también debería estar el de “educar”. Al mismo tiempo que los cuerpos de seguridad hacen valer las leyes para inhibir los delitos, se debe impulsar un cambio cultural: recordar a la población que el consumo de alcohol es un derecho individual que conlleva responsabilidades colectivas. El abuso no solo deteriora la salud de quien bebe, también multiplica los accidentes, fomenta la violencia familiar y pone en riesgo a terceros inocentes. La “cruda” de una borrachera puede implicar cosas mucho peores que los envases abandonados en la vía pública, sino las balas perdidas, los accidentes de tránsito y la violencia que se traducen en vidas truncadas, orfandades o graves problemas legales.
Morelos no necesita más estadísticas de tragedia, sino gobiernos municipales que asuman con seriedad su papel en la prevención. El alcohol seguirá siendo parte de la vida social, pero su consumo irresponsable no puede seguir siendo parte del paisaje cotidiano. La ley está para cumplirse, y la seguridad de la comunidad, para defenderse con decisión.
