El Día Internacional de los Pueblos Indígenas tendría que ser, a estas alturas, una celebración de la identidad primigenia de la humanidad en conjunto; de las raíces que nos enlazan con el cosmos y que, en ese sentido nos dan toques distintivos pero una esencia idéntica de comunión con la naturaleza. No lo es porque la idea de civilización que se nos ha impuesto desde hace muchos siglos impone la exclusión, la negación de nuestros pasados y nos impone una igualación cultural que sanciona la diferencia, la mística y la identificación con nuestros entornos.
En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la recomendación de su Consejo de Derechos Humanos y aprobó una declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuyas amplitudes, la conceptual y la de su articulado, ilustran la complejidad de algo que debería ser tan sencillo como el respeto a la condición humana. El documento de 46 artículos reconoce “la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.
El reconocimiento a esa falta de las naciones para con sus pueblos originarios incluye, necesariamente, la admisión de una larguísima historia de abusos, despojos, violencias y todo tipo de crímenes que los Estados y otros grupos de interés permitieron, promovieron y ejecutaron en contra de las comunidades indígenas; pero no partió de un acto de contrición real, sino de las presiones que generó una lucha organizada de los pueblos “para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran”.
Probablemente esa falta de arrepentimiento social sea el motivo de que muchos de los actos del Estado en materia de indigenismo resulten mucho más de ornato que sustanciales, algo que los pueblos identifican y ponen también en el centro de su lucha.
En México, si bien el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya obliga al reconocimiento de la pluriculturalidad y plurietnia del país, y obliga al reconocimiento de los derechos, los usos y costumbres, las formas de organización y los territorios indígenas en el país, lo cierto es que las agresiones a cada uno de ellos permanecen y hasta se multiplican en ambientes donde una falsa idea de progreso aún se trata de imponer a toda costa.
También deberá reconocerse que, en paralelo al primer diseño de instrumentos reales del Estado para el reconocimiento y respeto de pueblos y comunidades indígenas, las agresiones contra estas comunidades crecen desde grupos de interés económico y político.
De ahí que los actos de dignidad como el encuentro que en Teopanzolco tuvieron este sábado los pueblos indígenas de diversas partes del país para firmar su adhesión a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, haya sido mucho más que simbólico, se trata de la apertura de un nuevo capítulo en una lucha que ha existido por siglos y que sólo gracias a la fortaleza y la solidez que dan los ancestrales saberes compartidos, ha podido preservar las raíces y los conocimientos que nos dieron, no patria, sino humanidad.
En todo caso, la ventaja que hoy tienen las comunidades indígenas para sobrevivir es que han sumado aliados en muchas partes, la mayoría de ellos más activos, colaborativos y convencidos que cualquiera de las estructuras del Estado; algo que permite que su lucha permanente llegue a cada rincón del estado, del país y del mundo.
