La participación ciudadana en las tareas de seguridad pública es indispensable para cualquier comunidad que quiera construir la paz.
No se trata, por supuesto, de forzar interpretaciones riesgosas de esa idea y pensar en ciudadanos que suplanten las labores que corresponden solo a las fuerzas policiales. El monopolio del Estado en el uso legítimo de la fuerza es un modelo jurídico imperfecto, pero sin duda el mejor que se ha diseñado al evitar los abusos de fuerza e injusticias que se presentan cuando las turbas atacan a quienes suponen sus agresores.
La sociedad, en cambio, tiene una participación fundamental en la construcción de la paz mediante la denuncia y el aporte de la información necesaria para que las policías fortalezcan sus estrategias de prevención, contención y combate a los delitos y a quienes los cometen.
Sin duda se trata de una labor muy delicada, las víctimas de delitos suelen enfrentar episodios enojo, sentimientos de pérdida, miedo, y otros que se presentan como obstáculos para cumplir con su tarea.
A ello habría que sumarle que un amplio segmento de la sociedad evita denunciar delitos o sospechas de delitos, además de participar con cierto goce en la comisión de algunos mediante, por ejemplo, el consumo de drogas, la adquisición de mercancía ilegal, y otras conductas antisociales practicadas o permitidas como parte de la normalización de la corrupción que se ha dado en Morelos las últimas décadas.
Llama la atención que buena parte del sector privado que suele quejarse con toda razón del crimen y sus efectos en la economía y la sociedad, son los que más frecuentemente renuncian a denunciar o desatienden la obligación de aportar información para dar con los responsables de los delitos que se cometen.
La omisión de la cadena Walmart de México y Centroamérica para aportar los datos que permitan la investigación de crímenes que se cometen en sus tiendas contra ellos mismos o su clientela es escandalosa en tanto permite la impunidad de quienes roban mercancías o el patrimonio de los consumidores. Lamentablemente, la transnacional no es la única que incurre en esas omisiones. Decenas de negocios han evadido la responsabilidad que tienen primero con su clientela, y luego con la sociedad en general.
Negarse a reforzar la seguridad interna, a colaborar con la autoridad para fortalecer la vigilancia dentro y en el perímetro de las tiendas o las plazas comerciales, contribuye a la existencia de puntos ciegos en donde la ilegalidad es posible y se presenta con frecuencia insostenible.
Aún peor es que esas prácticas obedecen a políticas internas de actuación ignoradas por los consumidores a quienes ponen en riesgo de forma inexplicable. Probablemente valdría la pena contar con un distintivo otorgado por la autoridad para conocer cuáles son los negocios y tiendas que realmente protegen a su clientela no solo con esquemas de seguridad razonables, sino mediante la colaboración y acompañamiento pleno a la autoridad en caso de delitos y otras emergencias.
Por supuesto que el mecanismo de denuncia ante la autoridad podría ser aún más ágil. La Fiscalía de Morelos tiene ya un portal para hacer denuncias digitales, y aunque solo pueden presentarse por 19 delitos, los robos a transeúnte, simples, y de vehículo sin violencia, que suelen ser los que padecen los consumidores en las tiendas están disponibles.
Por supuesto, es necesario avanzar mucho más en facilitar la participación ciudadana, y gran parte de ello está en que las empresas hagan conciencia de la urgencia de contribuir como se espera de ellas.
