De forma pública las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia han expresado su voluntad de unidad y trabajo armónico. Apenas el martes, la gobernadora, Margarita González Saravia, agradeció durante su visita a la sede del Poder Judicial la unidad y el respaldo que los 21 integrantes del pleno daban a su presidente “en consenso, porque todos están aquí apoyándole”.
La sesión de pleno de este miércoles ofrece otra versión de lo que ocurre al interior del colegiado que representa al Poder Judicial en Morelos donde se mantiene la fragmentación, aunque, gracias a las reformas implementadas por el Congreso, ésta ya no compromete la funcionalidad.
Las modificaciones a la ley que permiten la toma de determinaciones por mayoría simple han debilitado a uno de los bloques de magistrados y permitieron al otro construir una mayoría suficiente para que el trabajo fluya, eso permitió que se generaran este miércoles los cambios que se propusieron desde el pleno derivados en parte del cambio de presidencia en el Tribunal, pero también para consolidar el mando que catorce de los 22 magistrados tienen sobre el pleno, y ahora sobre toda la estructura de gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
En la sesión hubo acusaciones de simular el “borrón y cuenta nueva” que se había prometido, señalamientos de revanchismos; pero también fundamentaciones jurídicas de aquella sesión en que, el 19 de marzo pasado, un grupo de magistrados “removió” al entonces magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea (la que fue combatida por él mismo), y a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (contra la que no obra ningún recurso jurídico).
Los relevos en los mandos superiores del Tribunal, que serían considerados normales en cualquier cambio de presidencia del órgano, costaron mucho más tiempo del normal; la sesión fue larga y se obstaculizó con argumentaciones diversas que finalmente fueron inútiles. La mayoría de 14 en dos votaciones se convirtió en la siguiente en 15, y en la última en 16. Los cambios se hicieron, aseguraban los magistrados que los aprobaron, para mejorar la funcionalidad del órgano y el servicio a los justiciables.
Al final, eso es lo urgente.
El último reporte del Índice del Estado de Derecho (2023-2024) del World Justice Project, ubica a Morelos en el penúltimo lugar en justicia civil, y antepenúltimo en justicia penal, con calificaciones de 0.31 y 0.29 respectivamente.
El conflicto que desde entonces se vivía en el Tribunal Superior de Justicia fue arreciando en los meses siguientes hasta hacer crisis el 19 de marzo, y luego se mantuvo hasta apenas el sábado pasado; además las evidencias de corrupción de juzgadores continuaron y el aplazamiento de la justicia para miles de víctimas se mantiene. En esas condiciones, lejos de mejorar, el sistema de administración de justicia en Morelos, particularmente en el Poder Judicial, empeoró lejos de mejorar.
Es cierto que el Poder Judicial tendrá una profunda transformación que tendrá que asentarse en septiembre del 2027, cuando asuman sus cargos los nuevos jueces y magistrados; pero más lo es que los morelenses no pueden seguir aguardando hasta entonces para tener un sistema que garantice la justicia real, pronta, expedita, humana, empática, apegada al derecho, y el resto de las características que debe tener para garantizar las garantías y derechos que el Estado les debe hace muchos años.
La funcionalidad del tribunal es una buena noticia solo sí cumple con esa función, de otro modo sólo habremos cambiado de nombres inútilmente.
