Aunque se trata de montos menores que podrían parecer sumamente manejables, la posibilidad que abrirá el Congreso del estado de Morelos una vez que apruebe, como parece seguro, el decreto que permite a los 36 ayuntamientos contratar créditos para obra pública con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de los próximos dos años significa un riesgo para las finanzas municipales, especialmente los que se han distinguido por su escasa disciplina en el manejo de los recursos.
Entre las administraciones municipales de Morelos hay muy pocas que se caracterizan por su ejemplar manejo financiero. Casos como el de Cuernavaca, que ha logrado la reducción de su deuda pública mediante programas de ahorro y fortalecimiento de la recaudación, son extraordinarios incluso para la ciudad que, hasta el 2021 padeció niveles de endeudamiento que amenazaban con quebrarla.
En contraste, hay otros municipios como Cuautla, Puente de Ixtla y Zacatepec, cuyas finanzas están seriamente comprometidas por laudos laborales que los alcaldes se niegan a atender acrecentando los pasivos a niveles insostenibles. En Cuautla deben sumarse los expedientes de grave corrupción que lesionaron las finanzas municipales y comprometen los recursos públicos, igual que ocurre en otros ayuntamientos.
En estas condiciones, ofrecer a los 36 ayuntamientos de Morelos la posibilidad de contratar créditos en igualdad de condiciones puede parecer muy justo y evitar cualquier sospecha de partidización de los beneficios de los créditos para infraestructura; pero también significa un riesgo grave de agravar la ya muy complicada situación de las arcas municipales.
Tener más dinero suele ser una buena noticia para cualquiera, aún con el matiz de que los créditos significan la disponibilidad presente de mayores recursos que sin embargo mermarán el ingreso programado a futuro. Las deudas deben pagarse y por ello la cultura financiera advierte ser precavidos con la contratación de créditos y dirigirlos, preferentemente, a destinos que puedan generar mayores ingresos en el futuro.
Es decir, tiene sentido adquirir un préstamo si se destina a bienes de producción, o en el caso de los ayuntamientos, a obras que generen la plusvalía suficiente para el pago de los pasivos, incluidos sus intereses.
Por eso el Congreso plantea la autorización de créditos específicos de un programa de Banobras que se destina a la obra pública en polígonos determinados identificados como de alto rezago social o como zonas de atención prioritaria. Se trata, el mismo banco lo plantea, de un adelanto de hasta 25% en los recursos del FAIS que le corresponden a cada administración municipal que debe pagarse antes de la conclusión de ésta.
Pero por mejores lineamientos que existan en el esquema financiero y en el decreto del Congreso que autorizaría la contratación, el riesgo de que la recepción de esos recursos pueda considerarse una carta libre para usar otras partidas para destinos lejanos a su programación inicial, o para desatenderse de las obligaciones que tienen en materia de seguridad pública y servicios municipales, es enorme, como ha quedado demostrado aún sin mediar autorizaciones para los créditos.
El permiso para adquirir financiamientos no tendría que alejar ni a los ayuntamientos ni al Congreso de la urgencia de emprender proyectos de reingeniería administrativa y financiera que les permitan atender sus pasivos, cumplir con sus obligaciones y con los servicios públicos que la gente de Morelos merece. Y mucho menos debería entenderse como un premio al manejo financiero de los municipios que, en la mayor parte de los ayuntamientos de Morelos sigue siendo un enorme motivo de preocupación.
