Después de una historia de autoritarismo que obligaba a la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial a la voluntad del Ejecutivo, en 1997 Morelos vivió la primera elección en que la oposición logró la mayoría en el Congreso del estado, lo que permitió empezar a hablar de una efectiva división de poderes en la entidad. Ya no era el gobernador en turno quien marcaba la única vía de políticas públicas posibles en la entidad con lo que, la era del poder hegemónico había terminado.
Muy pronto, sin embargo, los problemas de seguridad pública provocaron que esa necesaria división entre el Ejecutivo y el Legislativo iniciara una relación que ya no era de contrapesos, sino de conflicto. Al entonces gobernador, Jorge Carrillo Olea, se le llevó a juicio político, proceso que fue interrumpido cuando el general jojutlense abandonó el cargo. Entonces el Legislativo obligó a formar un gobierno de reconciliación en que la responsabilidad la ponía el gobernador, pero los presupuestos y las decisiones más importantes se tejían en el Congreso.
Fue una época de coyuntura, pero sirvió para maleducar a la clase política que entendía la división de poderes como una estrategia de choque político más que para el beneficio de la ciudadanía. Muy pronto el Poder Judicial se sumó a esa continuidad de choques, en gran parte porque los nombramientos de magistrados dependían de las legislaturas, lo que les daba una enorme influencia en las determinaciones del Tribunal Superior de Justicia.
Ejecutivo y Legislativo negociaban los nombramientos de magistraturas igual que los de los órganos autónomos y eso subordinaba al Poder Judicial que poco a poco se fue encapsulando en un mundo lejano a la política pública, pero también a la ciudadanía.
El diseño del Estado moderno no había sido entendido en Morelos, se asumía al sistema de contrapesos como una función de choque perpetuo entre las fuerzas políticas en que para que una ganara las otras debían perder, y quien acababa siempre poniendo el sufrimiento y experimentando las mayores bajas era la población. No se entendía la relación de interdependencia de los poderes públicos, una que se debe dar siempre en condiciones de independencia, pero también de objetivos compartidos para el bienestar de la gente.
La relación aprendida en aquel periodo entre 1997 y 2000, se mantuvo en los periodos de los gobernadores, Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame Castillo y Graco Ramírez; y llegó a su peor momento con Cuauhtémoc Blanco Bravo. La falta de colaboración entre los poderes afectó la dotación de servicios públicos, el crecimiento económico, el diseño de políticas públicas para el desarrollo, y además hundió al estado en la peor etapa de inseguridad que haya registrado en su historia.
El acuerdo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, impulsado por la gobernadora, Margarita González Saravia, pero al que se sumaron de inmediato el Congreso y los tres tribunales de justicia locales, el Superior, el Administrativo y el de Adolescentes, representa el fin de una época de división de poderes mal entendida y permite empezar a construir un nuevo modelo de Estado en que, sin sumisiones ni subordinaciones, se trabaje en conjunto por el bien de los morelenses.
No se trata, y quedó claro en los discursos, de disolver el sistema de contrapesos del Estado moderno; sino de identificar el objetivo común, el bien de los morelenses, y empezar a trabajare en conjunto para lograrlo. Y para ello es necesario que la paz pase de ser un objetivo de las políticas públicas y se convierta, como dijo la magistrada Adriana Pineda, en un estilo de vida para los morelenses. Es posible, pero se debe construir con la concurrencia de todos, uno que ahora empieza a gestarse.