La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad se completó ayer, después de las tres semanas de ausencia del representante del Poder Judicial, parte fundamental del nuevo modelo de pacificación de Morelos.
No se trata de un acto meramente protocolario, la mesa es el espacio que proyectó la administración de Margarita González Saravia, para que las instituciones que tienen algo que ver con la tarea de seguridad pública diseñen, analicen y refuercen las estrategias de protección a la ciudadanía y de construcción de la paz, un derecho que en Morelos se ha convertido en una deuda añeja del Estado.
La inclusión del Poder Judicial en el diálogo permanente sobre seguridad pública reconoce el deber que las instituciones de administración de justicia tienen con la seguridad pública, mediante el fortalecimiento de la legalidad y la eficacia de las acciones policiales y de administración de justicia, la capacitación de la fuerza pública, la colaboración en diseño de inteligencia y políticas públicas, entre otras herramientas.
La crisis en el Tribunal Superior de Justicia, que inició incluso antes de que la gobernadora asumiera su cargo, había limitado la posibilidad de colaboración del Poder Judicial en los trabajos de la mesa; la división entre los magistrados y el efecto que ello tuvo sobre la administración de justicia impedía el trazo de estrategias de colaboración puntuales para la seguridad pública en el estado.
De hecho, en los dos convenios que firmó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para reforzar la colaboración con el Ejecutivo de Morelos (en noviembre), y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (en febrero) fue evidente la ausencia de la mayoría de los magistrados.
La destitución por decreto del expresidente, Luis Jorge Gamboa Olea, y la acefalia de tres semanas que padeció el Tribunal convirtieron esa presencia acotada en una total ausencia que, según todo indica, concluyó este lunes, cuando el nuevo presidente del Tribunal, Juan Emilio Elizalde Figueroa, se incorporó a la mesa ya con el respaldo de la mayoría de los magistrados y con el garante legal de que los acuerdos que se tomen en esa mesa serán respaldados por el pleno del Tribunal gracias a la más reciente reforma que permite a ese órgano tomar decisiones hasta con la mitad más uno de sus miembros presentes.
Así, en términos generales, el Poder Judicial podrá, ahora sí colaborar efectivamente con la seguridad pública en el estado, no sólo a través de su función eminentemente jurisdiccional, sino también en extenso, mediante la capacitación y fortalecimiento institucional; la coordinación interinstitucional; el fortalecimiento de la administración de justicia mediante la revisión efectiva de las determinaciones de los juzgadores y la mejora continua de ellas; la promoción de la cultura de la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la prevención del delito y la protección a las víctimas; y los aportes al diseño de políticas integrales de seguridad en el plano local.
Por supuesto que, una parte muy efectiva de la colaboración tendrá que ser la revisión de la actuación de jueces y magistrados cuya intervención no apegada a derecho ha permitido la liberación de delincuentes. En eso parece estar la voluntad del nuevo presidente del Tribunal, aunque faltará que esa buena intención se verifique en los hechos, algo que le urge al Poder Judicial a favor de su prestigio pero, sobre todo, de miles de víctimas que siguen esperando justicia en Morelos.
