La discusión sobre una reforma fiscal para Morelos llega en un momento clave. Las finanzas públicas enfrentan un horizonte limitado por la alta dependencia del presupuesto federal —alrededor del 95% de los ingresos estatales provienen de la federación—, lo que restringe la capacidad del gobierno para impulsar el desarrollo, responder con eficacia a coyuntura sociales o económicas y establecer compromisos al largo plazo.
Como se puede leer más adelante, diversos expertos coinciden en que el problema no radica en crear nuevos impuestos, sino en mejorar la gestión tributaria y fortalecer la capacidad administrativa del Estado. En otras palabras, no se trata de cobrar más, sino de cobrar mejor.
Experiencias de entidades como Coahuila, Yucatán, Querétaro o Sinaloa demuestran que una administración tributaria moderna y eficiente puede multiplicar los ingresos propios sin necesariamente elevar la carga fiscal sobre la ciudadanía. En esos casos, la clave ha sido profesionalizar al personal, digitalizar procesos y aumentar la percepción de riesgo entre los contribuyentes que evaden sus obligaciones, generando así una cultura de cumplimiento voluntario y responsable.
Sin embargo, cualquier intento de reforma fiscal en Morelos requiere de algo más que voluntad política: necesita sensibilidad social. No basta con diseñar un modelo más eficaz de recaudación si no se acompaña de políticas que incentiven la productividad, el empleo formal y la actividad económica local. Pretender aumentar la recaudación sin estimular el crecimiento sería como intentar llenar una jarra en un manantial seco.
Adicionalmente, el Estado debe realizar estudios serios y diagnósticos integrales sobre los sectores con mayor potencial de desarrollo, así como las condiciones reales de los contribuyentes. No se trata de asfixiar a la comunidad, sino de acompañarla para que genere más riqueza y, por ende, más impuestos.
El reto es doble: por un lado, profesionalizar la administración tributaria estatal para reducir la evasión y aumentar la eficiencia; por otro, fortalecer la economía local, especialmente a las micro y pequeñas empresas que son el verdadero motor de empleo en Morelos. Reformar con justicia fiscal significa lograr equilibrio entre la necesidad de ingresos públicos y la capacidad económica de los ciudadanos.
La administración de Margarita González Saravia tiene ante sí la oportunidad de dar un paso histórico: modernizar la estructura recaudatoria sin convertirla en un peso adicional para quienes sostienen con esfuerzo la economía del estado. Se trata de construir un modelo de hacienda pública inteligente, transparente y solidaria, capaz de generar confianza tanto en los contribuyentes como en los inversionistas.
Porque al final, la verdadera reforma fiscal no solo se mide en pesos y porcentajes, sino en su capacidad para impulsar una sociedad más equitativa, con gobiernos responsables y ciudadanos participativos. Morelos necesita más ingresos, sí, pero sobre todo, necesita más prosperidad compartida.
