Hace ya casi 11 años, a mediados de noviembre del 2014 se inauguró el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de Morelos. En un acto con toda la parafernalia de entonces se aseguraba que con esa instalación todo el estado estaría vigilado y se lograría abatir la inseguridad, problema que estaba entonces a punto de cumplir 17 años como la principal preocupación de los morelenses.
En el C5 se invirtieron mil 200 millones de pesos, la mitad de ellos del gobierno federal en dos exhibiciones (2014 y 2015), y el resto con cargo al presupuesto de Morelos, 170 por vía directa y 430 millones provenientes de uno de los créditos de Banobras por los que la administración de Graco Ramírez Garrido sigue siendo fuertemente cuestionada. Pese a la enorme carga de la inversión, la violencia e inseguridad en Morelos continuaron creciendo para cada año establecer marcas de incidencia criminal.
Si durante el sexenio de Graco Ramírez los asesinatos en Morelos parecían incontenibles, en el de Cuauhtémoc Blanco lo fueron. La percepción de inseguridad se elevó, y aunque poco ayudaron las sospechas de vínculos de autoridades estatales y municipales con grupos delictivos, la realidad rebasaba cualquier suspicacia. Homicidios dolosos, robos, secuestros, extorsiones, feminicidios, fueron normalizados por las autoridades estatales frente a la indignación, desesperación y miedo de los morelenses.
El C5, a pesar de ser un edificio imponente, se fue deteriorando hasta volverse casi inoperante; las cámaras de videovigilancia muy pocas para el estado, se deterioraron, arruinaron o hasta fueron sustraídas de sus sitios; los elementos policiacos estaban mal armados, mal equipados y mal pagados; en contraste, la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos fue una de las dependencias del gobierno estatal con más observaciones por el mal uso de recursos federales, con sospechas de corrupción hasta en la compra de uniformes.
Con el inicio de la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, los índices delictivos empezaron a abatirse en algunos ilícitos y a contenerse en otros. La estrategia de seguridad cambió mucho más en la ejecución que en el trazo. La recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se puso a trabajar, se coordinó con las policías municipales, con las fuerzas federales y con la Fiscalía General del Estado, para emprender operativos de prevención, búsqueda y captura de delincuentes, desarticular operaciones criminales y en su primer año ha logrado avances notorios.
También se invirtieron los recursos efectivamente en incrementos salariales a los policías y en armamento y equipos que, si bien aún son insuficientes, han apoyado la capacidad de reacción de las fuerzas estatales.
La inversión en tecnología para seguridad pública que inició hace unos meses y que ahora toma forma y fuerza como programa estatal, podrá fortalecer la videovigilancia y con ello la capacidad de respuesta de la autoridad ante emergencias. También servirá para alimentar la inteligencia policial y diseñar mejores operativos para prevenir el delito y combatir las actividades de grupos criminales.
Once años después hay una esperanza para que esa primera inversión de mil 200 millones de pesos empiece a generar los resultados que los morelenses han esperado por casi tres décadas y que no son demasiados, vivir en un estado en paz, tranquilidad y con esperanzas de desarrollo.
