Hechos a la rudeza del camino, pero también a la histórica debilidad y complicidad de autoridades, los dirigentes del transporte colectivo en Morelos amenazan con parar el servicio el 26 de diciembre, viernes próximo, para presionar al Ejecutivo estatal a autorizar el aumento de 50% que pretenden en la tarifa mínima, una idea que ha encontrado el rechazo prácticamente unánime y bien argumentado de la ciudadanía.
La presión de los transportistas es un abuso que la Coordinación General de Movilidad y Transporte ha enfrentado con una advertencia respaldada por la mayoría de los usuarios: se podrían retirar las concesiones para operar unidades de transporte colectivo a quienes participen en actos de presión; la sanción es la misma que se ha planteado ya en el periódico oficial Tierra y Libertad como máxima para los concesionarios que no regularicen sus obligaciones fiscales y legales antes del 30 de diciembre.
Algunos grupos ciudadanos han propuesto que el retiro se dé inmediatamente y el Ejecutivo, a través de una empresa paraestatal o alguna otra instancia opere el transporte colectivo en todo el estado, lo que para muchos garantizaría la operación de los colectivos en condiciones dignas, funcionales, seguras, incluyentes, y el respeto a los descuentos y otros derechos de grupos de usuarios.
La idea es tentadora, pero mucho más compleja de lo que parece. Si hay cinco mil 500 unidades que prestan el servicio de rutas en el estado, la sola reposición de ese número de vehículos significaría un gasto de entre uno y cuatro millones de pesos por unidad (considerando vehículos usados hasta el modelo 2020); un total de entre cinco mil 500 y 22 mil millones de pesos; considerando la operación de unidades urbanas movidas por diésel. Se trata de una inversión que iría contra el proyecto de reducción de emisiones del transporte colectivo en Morelos.
Habrá quienes propongan que se invierta directamente en unidades eléctricas, en cuyo caso, la reconversión significaría un gasto para el Ejecutivo local de hasta 44 mil millones de pesos, superior al presupuesto total de todo el Gobierno del Estado (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y órganos autónomos).
El Ejecutivo, entonces, no tiene la capacidad para operar el sistema de transporte colectivo en Morelos por el enorme costo que representaría. En cambio, sí puede, y lo está haciendo, favorecer cambios en los modelos de negocio de los concesionarios del transporte de forma que logren mayor eficiencia productiva, un mejor servicio y la reducción de emisiones contaminantes. Para ello requiere, por supuesto, de llegar a los concesionarios, choferes, y a todos los espacios de las microeconomías que se generan en torno al transporte público, más allá de sus dirigentes. Convencer a la base es fundamental para lograr el consenso necesario en la dignificación del transporte público.
Y si bien es difícil que se logra un diálogo directo con operadores frente al riesgo de ruptura que todos los días generan sus dirigentes, el Ejecutivo debe mantenerse abierto al diálogo, pero firme en su postura de respeto a la ley, a los derechos de los usuarios y la ciudadanía, y al impulso a su proyecto de modernización del transporte público, en tanto incluye la posibilidad de mejoras para los ingresos de las familias que viven de esa actividad, pero también la reducción del impacto ambiental, una mayor calidad en el servicio a los usuarios, y el fin de la ilegalidad y desorden que aumenta los riesgos para la seguridad de todos.