Los castigos necesarios
Simbólico el que, en pleno aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se haya no solo confirmado que hay por lo menos cinco alcaldes de Morelos investigados por su probable colusión con grupos criminales, sino también se adelantara que “en los próximos días” o “en el corto plazo” habría acciones en contra de por lo menos algunos de ellos.
Porque en el momento de rendir protesta los alcaldes, igual que el resto del funcionariado público, juraron “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y las leyes que de una y otra emanen”, y no solamente no habrían cumplido con esa responsabilidad, sino también estarían coaligados con organizaciones delictivas que actúan expresamente y por definición en contra de la ley.
El tema de los alcaldes y otros funcionarios municipales ligados a la delincuencia no es un asunto nuevo. Durante muchos meses se han realizado las investigaciones para comprobar la probable participación de altos funcionarios de ayuntamientos morelenses en delitos que irían desde el encubrimiento hasta la activa colusión criminal. El tiempo que ha llevado la investigación hace suponer que, en caso de procederse contra los alcaldes sospechosos será con carpetas de investigación muy sólidas para dar golpes contundentes que, por una parte, alejen la idea de alguna persecución política o fabricación de delitos, y por la otra permitan castigar ejemplarmente a los que se verifiquen responsables de crímenes. No se puede sancionar la ilegalidad faltando a la ley.
Los alcaldes son el primer contacto de la gente con los gobiernos. Son responsables de la seguridad pública, los servicios básicos y el orden social, cuyos efectos impactan de forma inmediata en la calidad de vida de la población. Y aunque su responsabilidad podría parecer menor que la de cargos estatales y federales, lo cierto es que resulta mucho más grave en tanto cualquier falla en su gestión daña a las comunidades de forma inmediata y erosiona la legitimidad de todo el sistema político.
En Morelos, el ejercicio de la mayoría de los presidentes municipales ha resultado sumamente deficiente a través de la historia, lo que explica la alta movilidad política en el estado. Sin embargo, hasta hace algunos años, las quejas contra los alcaldes eran por la incapacidad de brindar los servicios básicos, luego se añadieron las omisiones en materia de seguridad pública. Pero hace una década comenzó a hablarse de alcaldes cómplices de grupos delictivos, en 2018, Alfonso Miranda Gallegos fue detenido antes de ser electo para un segundo periodo en la alcaldía de Amacuzac. Se le acusó de un secuestro cometido en 2013. En noviembre pasado fue sentenciado a 82 años de prisión. El listado de alcaldes sospechosos de tener lazos con la delincuencia era entonces de 16, aunque sólo a Miranda Gallegos se le sancionó.
En el 2021, alcaldes, diputados y hasta el entonces gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, fueron señalados por reunirse con jefes delictivos. Más allá del escándalo no hubo investigaciones que concluyeran en sanción alguna.
En el 2026 parece que las cosas serán diferentes. Si tiene razón el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, en poco tiempo habrá acciones en contra de varios presidentes municipales. Esa sería una muy buena señal de que va en serio el discurso contra la corrupción e impunidad.
